Así lo remarcó el Episcopado a través de una nota de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura en la que se concreta que en la Sentencia del Tribunal Supremo (R. Casación/6342/2023), que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Arzobispado de Oviedo contra el Decreto 60/2022 del Principado de Asturias que regula la consideración de la asignatura de Religión en Bachillerato, se alude a un "entendimiento negociado durante la negociación de los currículos" con la Conferencia Episcopal Española para la diferencia de tratamiento de la asignatura de Religión en Bachillerato.

La CEE explicó que "al no ser una etapa obligatoria, en los Acuerdos de 3 de Enero de 1979 se recoge un ordenamiento distinto para la etapa de Bachillerato". "A aquella circunstancia podríamos entender que quisiera referirse la Letrada, aunque no quedé reflejado así en la redacción de la sentencia y, por lo tanto, en los medios de comunicación", continuaron los prelados en su nota.

Pero, el Episcopado reiteró también que "si se estuviese afirmando que se trató de una negociación específica en la reciente tramitación de la Lomloe", se trata de "una falsedad". "En este caso, la afirmación de la Letrada del Principado de Asturias debe ser considerada una mera conjetura que carece de soporte fáctico", subrayaron.

Es más, prosigue la nota, la información sobre un "supuesto acuerdo" es "contraria a los hechos" y, "para que la versión del Principado pueda sostenerse legalmente, debería acreditarse documentalmente la existencia del 'entendimiento negociado' al que se alude".

FALSEDAD OFICIALMENTE RECOGIDA

"Nos preocupa que esa falsedad quede oficialmente recogida como verdad en un documento jurídico tan relevante", concluyeron los obispos.

Por ello, la Comisión Episcopal anunció que "explorará los cauces jurídicos necesarios y posibles para que la afirmación de la Letrada no quede como veraz y probada en el texto de la Sentencia".

Según la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura lo que se reclamó en aquellas negociaciones con el Ejecutivo ante la citada norma (conocida también como 'Ley Celaá', por la ministra que la impulsó -hoy embajadora ante la Santa Sede-) fue "el cumplimiento del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979".

Este acuerdo exige que la enseñanza de la Religión sea impartida "en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales".

"La CEE siempre ha defendido que esta equiparación implica garantizar las debidas condiciones académicas y de carga lectiva para la asignatura de Religión, velando por su dignidad curricular. En reiteradas ocasiones la Comisión Episcopal ha trasladado a la opinión pública que se considera inapropiada la solución que el Ministerio y algunas comunidades autónomas han aplicado a la asignatura de Religión en la ordenación académica del Bachillerato", concluyeron los prelados.