Así lo advirtieron en una rueda de prensa en la que consideraron que “se está legislando sin tener en cuenta los intereses de los consumidores” al establecer para todas las demandas colectivas “un sistema de vinculación por defecto en el que los consumidores desconocen que se está litigando en su nombre y los beneficios económicos que ello les podría reportar y a los que no accederán”.

En este contexto, alertaron de que, con ello, se está “empujando” hacia una “mercantilización” de las acciones colectivas, al permitir que la nueva ley convierta al Estado español en “caldo de cultivo” para fondos de financiación de litigios y despachos de abogados que, a su entender, “serán a la larga los únicos favorecidos con la implantación de este sistema”.

Junto a ello, defendieron un movimiento de consumidores “orquestado por las asociaciones que les representan” que sea “fuerte, plural y democrático”, por lo que solicitaron que se las “proteja” y se “refuercen” los requisitos de la participación de nuevas organizaciones, que puedan habilitarse para estos fines.

Por último, exigieron que se promueva el diálogo con las empresas para fomentar la resolución alternativa de litigios, al entender que todo ello redundará en un mercado español “más competitivo donde los precios y el bolsillo de los consumidores no se vería afectado”.

OCU y ConsumES esperan que esta fase de enmiendas en la que se encuentra el proyecto normativo sirva para modificar la redacción de aquellos preceptos que, según su punto de vista, “si hoy vieran la luz tal cual están actualmente, dejarían en clara indefensión a los consumidores españoles" y, en paralelo, "borrarían del mapa a las organizaciones de consumidores”.