Así lo denunció en un comunicado en el que consideró que la normativa que regula estos seguros “no protege al usuario”, que, a su juicio, “se encuentra en una situación de desventaja a la hora de contratar y renovar estos seguros” y anunció el lanzamiento de una campaña para informar a los consumidores y reclamar a administración pública y aseguradoras unas condiciones de contratación “transparentes y justas”.

“De manera general, estos seguros son anuales renovables, pero muchas aseguradoras no garantizan la renovación. Las primas futuras son desconocidas y las aseguradoras pueden determinarla libremente en cada renovación; una subida elevada supondría en la práctica una expulsión”, sentenció.

A su entender, esta situación genera “inseguridad”, puesto que los asegurados con mayor edad o con algún problema de salud “tendrán dificultades para cambiar de aseguradora”. “O bien no los aceptan en la nueva compañía, o bien les excluyen lo relacionado con esos problemas preexistentes o les aplican una sobreprima”, advirtió, para señalar que la “consecuencia podría ser que se hubiera estado pagando un seguro cuando se hace poco uso de él y no tener la garantía de poder usarlo cuando más se necesite”.

La entidad consideró esta situación “abusiva y de desequilibrio” para con los consumidores y solicitó que, en el caso de que al contratar el usuario “no pueda conocer con exactitud las primas futuras, sí conozca al menos” aspectos como la tabla con las primas actuales de todas las edades o tramos de edad, para “orientarse con lo que están pagando los clientes mayores”, y si la subida de primas en cada renovación “está limitada por algún mecanismo”.

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Junto a ello, si se cobran primas distintas a personas de la misma edad, pertenecientes al mismo colectivo o grupo de asegurados y si hay alguna promoción en la captación. “En ese caso, se debe dar a conocer su importe y duración para tener presente que esa prima de captación no es representativa de lo que se va a pagar en años sucesivos”, abundó.

En este contexto, la OCU se ha dirigido al Ministerio de Sanidad, así como a la Dirección General de Seguros, para solicitar una normativa que “garantice esa información a todos los usuarios en el momento de contratar los seguros privados de salud”.