Así lo anunció este viernes en un comunicado en el que puntualizó que la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios se modificó “expresamente” para considerar como una infracción en materia de consumo la “negativa” a aceptar el efectivo como medio de pago.

Tras recordar que esta modificación entró en vigor en mayo de 2022, la OCU consideró que no solo se ha actualizado la norma para “garantizar por ley” el derecho de los consumidores a pagar en metálico, sino que “ya no existen razones sanitarias ni de otra índole que justifiquen la limitación de uso del efectivo”.

En la misma línea, denunció la “especial vulnerabilidad” en que queda el consumidor, que, subrayó, “no tiene más remedio que aceptar esa condición si quiere acceder a algún producto de alimentación durante su trayecto en tren”.

La OCU estimó que mantener esa obligación de método de pago “supone actuar en contra de la normativa de aplicación y de las buenas prácticas comerciales”.

Por estos motivos, urgió a la autoridad de consumo a que inicie el correspondiente expediente sancionador y, en su caso, imponga las multas legalmente establecidas, que oscilan entre los 150 y 100.000 euros.

“La infracción puede ser considerada como grave, e imponer por tanto la sanción máxima, si la administración competente considera que, dentro de ese medio de transporte, las necesidades de los consumidores no se pueden cubrir de otra manera”, sentenció, convencida de que el pago en metálico “es un derecho de los consumidores que se ve mermado en los trayectos que los usuarios hacen con esta compañía”.