Así lo precisó en un comunicado en el que subrayó que el gabinete de Carolina Darias “se negó a responder acogiéndose a la confidencialidad que protege a la industria farmacéutica”, por lo que ‘No es Sano’ recurrió al Consejo General de la Transparencia la respuesta del Ministerio de Sanidad a las peticiones de información sobre lanadelumab (Takhzyro), un fármaco para una enfermedad rara hereditaria, y remdesivir (Veklury), un fármaco contra la covid-19.

En este punto, según recordó la asociación, dicho organismo “le dio la razón e instó al Ejecutivo a compartir la información”, si bien posteriormente Sanidad llevó el caso por la vía judicial presentando un recurso contencioso administrativo en el que ‘No es Sano’ estará representado por Salud por Derecho y la propia OCU.

En los últimos años, la campaña ‘No es Sano’ ha realizado acciones para “aplicar transparencia” a todo el proceso de aprobación y financiación de nuevos medicamentos y terapias por parte del Sistema Nacional de Salud. En concreto, ha cursado peticiones al Ministerio de Sanidad, a través del Portal de la Transparencia, para conocer los “precios reales” de diferentes medicamentos, “principalmente” los nuevos y con coste “más elevado”, así como su “impacto” en el presupuesto.

Así, en 2022 presentó una decena de estas peticiones y, según la OCU, la respuesta de Sanidad “ha sido siempre la misma en lo referente a la financiación”, al entender que los precios de los medicamentos “son confidenciales, porque solo así España puede conseguirlos a un precio más ventajoso”.

Para la organización, esta explicación “forma parte del argumentario con el que la industria farmacéutica lleva años evitando que se den a conocer los acuerdos que se realizan con dinero público”. “Mantener esta información en secreto le permite negociar con cada Estado un precio diferente, en función de lo que cada país esté dispuesto a pagar, e incluso fijar diferentes precios dentro de un mismo país en las negociaciones que se establecen entre las compañías y los propios hospitales”, espetó.

En este contexto, la directora de Salud por Derecho, Vanessa López, aseveró: "No podemos seguir permitiendo que la industria farmacéutica sea quien marque las líneas de la negociación de la compra de nuevos fármacos, imponiendo el secretismo”.

En la misma línea, la directora de Comunicación de OCU, Ileana Izverniceanu, afirmó que la “transparencia” de la administración “resulta fundamental sobre todo aquello que tiene impacto en el creciente gasto farmacéutico público”. “En una época en que la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario se encuentra entre las prioridades de los ciudadanos, no es admisible este oscurantismo”, argumentó.