Así lo defendió en un comunicado en el que reivindicó “mantener el derecho” de las comunidades a contratar tarifas reguladas de gas y luz “equiparándolo” al de los consumidores individuales que forman parte de ellas.

“Mantener el acceso a las tarifas reguladas facilita el acceso a tarifas con precios razonables y una mayor trasparencia en la contratación, ya que facilita mucho la comparación de tarifas”, agregó, al tiempo que denunció que, en el caso concreto del gas natural, hay más de 5.000 comunidades de propietarios “beneficiándose” de esta tarifa temporal, que “perderán este beneficio en mitad de la campaña de invierno”.

En paralelo, aseveró que mantener la tarifa regulada TUR “facilitaría” también “conservar” una tarifa “muy económica” respecto al mercado libre y ampliar el número de hogares beneficiados si el Gobierno decidiera prorrogar la limitación de subidas que tiene la tarifa TUR o el IVA reducido al 5%, y que también finalizan el 31 de diciembre.

En este contexto, recordó que, salvo que el Gobierno acuerde ampliar el derecho a contratar una tarifa regulada “más allá de este año”, las comunidades “deberán buscar activamente” una tarifa libre para ambos suministros o “sufrirán” un recargo del 20% en su factura sobre la tarifa que en cada caso se tome de referencia.

Junto a ello, advirtió de que las comunidades acogidas a la TUR que aún no hubieran instalado los repartidores de costes tienen que pedir un aplazamiento antes de que termine octubre, si no se enfrentarán a otro recargo adicional del 25% sobre todos los consumos realizados durante el tiempo en el que se beneficiaron de la TUR para comunidades.