La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha dirigido a la Dirección General de Consumo para que “inste” a los ayuntamientos españoles a aplicar el Real Decreto 3/2023 sobre los requisitos técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, en concreto el artículo 11, en el que se enumeran las obligaciones de la administración para facilitar el acceso al agua a la población vulnerable.