“Esta indemnización pretende resarcir a los propietarios que pagaron un sobreprecio en la compra de sus vehículos debido al pacto colusorio realizado por las citadas marcas”, subrayó en un comunicado en el que explicó que, merced al análisis pericial, solicita el 10,61% del precio de compra, en concepto de indemnización por el “perjuicio” a los consumidores, que, advirtió, adquirieron un vehículo “por un importe superior del que deberían haber pagado de no haber existido acuerdos contrarios a la competencia”.

En este punto explicó que a este importe se han de añadir los intereses de demora, desde la adquisición del vehículo, lo que, según su punto de vista, “equivaldrá” a una indemnización total de “entre un 14% y un 17,5% en función de la fecha de compra”.

“En la práctica” los beneficiarios de esta acción son los conductores que adquirieron un modelo de Peugeot, Citröen y Opel entre febrero de 2006 y julio de 2013; de Fiat, Alfa Romeo y Lancia, entre febrero de 2006 y agosto de 2013 o de Chrysler, Jeep y Dodge, entre abril de 2008 y agosto de 2013, por ser los periodos “acreditados” en el que los correspondientes fabricantes “participaron en el pacto ilegal”.

En este contexto, subrayó que dos de las demandas presentadas en octubre de 2023 “ya han sido admitidas a trámite” y dijo “esperar” que esta que se presenta ahora “corra la misma suerte y se haga justicia para los afectados”.

Junto a ello, avanzó que presentará “de manera inminente” el resto de las demandas colectivas contra las restantes marcas, “hasta completar el elenco de todos los fabricantes que fueron sancionados” por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por “prácticas restrictivas de la competencia”.