Representantes de esas entidades se reunieron con el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, para conocer la nueva versión del borrador de la norma, tras haber presentado alegaciones conjuntas al texto inicial.

Proyecto Gran Simio y la Fundación animal Guardians impulsaron una campaña respaldada por más de 73.000 firmas y 150 organizaciones adheridas para reclamar una ley específica para los grandes simios.

No en vano, el Gobierno estaba obligado a presentar un proyecto de ley de grandes simios tres meses después de la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Ese plazo venció el 29 de diciembre de 2023.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció el pasado octubre que su departamento ya trabajaba en la Ley para la Protección de los Derechos de los Grandes Simios, denominada ‘Ley Jane Goodall’ en homenaje a la primatóloga que transformó la forma en que la humanidad comprende a esos homínidos.

Derechos Sociales ya tenía listo un primer borrador a comienzos de este año, que, según informaron a Servimedia fuentes de ese departamento, enviaron a “los sectores interesados” antes de que el texto se someta a las fases de información y audiencia con el fin de que las personas y entidades hagan aportaciones.

“DESACUERDO”

Sin embargo, Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians expresaron su “desacuerdo” por el hecho de que, durante la reunión con Becerra, vieron el texto “solo en pantalla” y no accedieron previamente a su contenido, lo que “impide realizar un análisis técnico riguroso del borrador”.

No obstante, ambas organizaciones apuntaron que el borrador mantiene la posibilidad de cría en cautividad de grandes simios en determinados supuestos, como la colaboración con autoridades de países de origen -sin indicar su naturaleza- y en proyectos de reintroducción sin garantizar el bienestar o viabilidad de los animales reintroducidos, y justificando la cría ‘ex situ’ para la creación de reservorios genéticos.

“Estas excepciones presentan una formulación ambigua que podría permitir en la práctica la continuidad de la cría y, con ello, la perpetuación de la tenencia de grandes simios en cautividad”, indicaron Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians.

Por otro lado, ambas entidades señalaron que, en su estado actual, la ley no sería “pionera”, como anunció Bustinduy, ya que el texto “se aleja de los avances legislativos internacionales”.

Por ejemplo, la denominada ‘Ley Yoko’ en Colombia prohíbe de forma expresa tanto la tenencia como la cría de grandes simios. En Canadá está en trámites otra ley, también llamada ‘Ley Jane Goodall’, que reconoce los tres derechos básicos de estos animales y prohíbe su reproducción en cautividad.

OTRAS PREOCUPACIONES

Además de la cría en cautividad, las organizaciones identifican otros aspectos preocupantes, como la regulación de la experimentación, que podría suponer un retroceso respecto al marco actual, que ya la prohíbe, y la ausencia de una prohibición expresa del sacrificio, al hablar solo de eutanasia y dejando decisiones críticas en manos de profesionales vinculados a “centros que pueden tener intereses contrapuestos”.

También apreciaron una falta de garantías de que los traslados respondan exclusivamente a criterios de bienestar y apostillaron que “el objeto de la ley es más cercano a una ley de zoológicos que a una ley de derechos, al no establecer claramente como finalidad el fin de la cautividad de los grandes simios”.

“Si se permite la cría en cautividad, aunque sea bajo determinadas excepciones, se está abriendo la puerta a que todo siga igual. Una ley verdaderamente histórica debe partir de un principio claro: no pueden seguir naciendo grandes simios condenados a vivir toda su vida en cautividad”, sentenció Pedro Pozas, director ejecutivo de Proyecto Gran Simio.

Por su parte, Marta Esteban, presidenta de la Fundación Animal Guardians, indicó: “Estamos hablando de individuos con capacidades cognitivas y emocionales extraordinarias. Esta ley no puede limitarse a regular su cautividad: debe avanzar hacia su desaparición. De lo contrario, no estaremos ante una ley de derechos, sino ante una actualización de modelos del pasado y mucho menos merecerá llamarse ‘Ley Jane Goodall’”.

Ambas organizaciones reiteraron su voluntad de seguir colaborando “de forma constructiva” con Derechos Sociales con el fin de mejorar el texto y alinearlo con los estándares internacionales más avanzados.