Con esta propuesta, las organizaciones sociales quieren hacer frente a la tala ilegal que está amenazando los últimos bosques primarios del planeta.

Según WWF/Adena, la tala ilegal contribuye a la deforestación, es causa de pérdida de biodiversidad y quebranta el cumplimiento de la ley.

Además, arruina los esfuerzos de la gestión forestal responsable, estimula la corrupción y la evasión fiscal y reduce los ingresos de los países productores afectando a millones de personas que habitan y dependen de los bosques y sus recursos.

Según estimaciones del Banco Mundial, las talas ilegales y su mercado asociado suponen, a los países productores, pérdidas anuales de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, de los que entre el 4,2 y el 6,2% se deben al impacto del consumo español.

WWF/Adena asegura que el 15,8% de las importaciones españolas de madera proceden de regiones donde las talas ilegales son prácticas habituales. Además, subraya que el 18% del total del consumo español procede de las administraciones públicas y que éstas desconocen el origen de los productos que emplean.

Por todo ello, las organizaciones firmantes consideran que las administraciones públicas son "la pieza clave" para cambiar esta tendencia y les piden que apliquen políticas de compra responsable de productos de madera y papel certificados por el FSC (Forest Stewardship Council) y que rechacen productos de origen ilegal, insostenible o desconocido.