Así lo explicó un miembro de su equipo legal, Javier Rubio, en una rueda de prensa que tuvo lugar este jueves y que también contó con representantes de Defensa de los Niños Internacional (DCI), Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con los Sin Techo (Feantsa), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (Medel), Comisiones Obreras (CCOO) y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, las organizaciones junto a las que ha presentado la demanda en la que denunció que la situación afecta a 4.000 personas, entre las que se encuentran 1.800 niños y adolescentes.

A juicio de las demandantes, España está incumpliendo obligaciones adquiridas ante el Consejo de Europa y su Carta Social Europea, en vigor desde el 1 de julio de 2021 en su territorio, en concreto en lo relativo al derecho a una vivienda adecuada, al derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica; el derecho de los niños a la asistencia, a la protección contra la negligencia y la violencia, y a la educación; el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social; el derecho de las personas mayores a la protección social; el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud; el derecho de las personas con discapacidad a la independencia, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad así como d derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación sin discriminación por razón de sexo, y el derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato.

Por ello, pidieron al Estado (comunidad, Gobierno central y administraciones locales) que “cese en la violación de los derechos de las personas que viven en la Cañada Real y se les repare por las violaciones hasta ahora producidas"; así como que tome “medidas inmediatas”, como el restablecimiento de la luz como medida cautelar “dado que las personas que viven en los sectores 5 y 6 de Cañada Real se encuentran en una situación excepcional y tangible en la que corren el riesgo de sufrir un grave daño irreparable para la vida y la integridad psíquica y física”; y le recordaron que los vecinos quieren “contratos para sus suministros y un contador en cada vivienda”.

Durante la presentación se incidió en las especiales afecciones que la situación puede tener en los niños, niñas y adolescentes, así como en las personas con discapacidad, enfermos crónicos, mayores y en las mujeres, y en general en todos los grupos “en riesgo de exclusión”, para quienes se pidió “una solución coordinada”, y se puso en valor que sea la primera demanda colectiva que España presenta ante esta autoridad.

Asimismo, se pusieron de manifiesto algunas de las consecuencias del corte del suministro eléctrico, como la imposibilidad de calentarse frente a temperaturas bajas, el incremento de las afecciones respiratorias, la imposibilidad de que los usuarios de máquinas de respiración asistida puedan conectarlas, problemas dermatológicos y circulatorios a causa del frío, imposibilidad de que los niños hagan los deberes, duerman con calor, dificultades para llevar ropa limpia y seca, casos de intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono, problemas de conservación de insulina de personas diabéticas o quemaduras fruto del uso de estufas, problemas que, a juicio del abogado de Gentium Rafael Cid, quien detalló algunas de las implicaciones de la demanda, “han incrementado la vulnerabilidad de una situación con indicadores previos llamativos”.

Así, se señalaron las negligencias de las que los niños de la Cañada vienen siendo objeto, y aseguraron que las autoridades de Madrid “han contribuido a su estigmatización” y se indicó que, algunos de los niños y adolescentes, “fruto de la depresión y la tristeza” habían decidido dejar los estudios; toda vez que se puso de manifiesto las especiales dificultades de las mujeres, como encargadas de los cuidados, para asumirlos en hogares sin electricidad.

De la misma manera se manifestó el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Sector 5 de la Cañada, quien, además de subrayar estos problemas, pidió que el Estado “les proteja en lugar de abandonarles”, al tiempo que instó a que se cumpla el Pacto Regional para la cañada real que ayuntamientos y gobierno regional tienen firmado desde 2017. Asimismo, pidió que se garantice el acceso legal del asentamiento a luz y agua, y aseguró que la situación está afectando también “a los niños y jóvenes, que serán el futuro”.