Así lo indicaron en declaraciones a la prensa dirigentes de estas cuatro entidades que comparecieron junto al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, tras una reunión para abordar dicho acuerdo.

Según Álvarez, el ministerio llevará esta propuesta al Consejo Territorial “en las próximas semanas” y aseguró "confiar en que sea aprobada” por parte de las comunidades.

Varias de ellas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco, Ceuta y Galicia) se habían opuesto a la propuesta anterior.

El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, instó a todas las autonomías a aprobar este acuerdo “porque es bueno, porque lo necesitamos y porque rechazarlo sería no haber aprendido nada tras lo ocurrido durante la pandemia”. En su opinión, la reforma de los centros y servicios del SAAD “era algo apremiante” antes de la irrupción del covid-19. “Ahora, resulta ineludible”.

La misma idea expresó Rafael de Lorenzo, secretario de la Plataforma del Tercer Sector, cuyas organizaciones trasladarán a sus respectivos gobiernos autonómicos “la absoluta necesidad de alcanzar un acuerdo de mínimos para avanzar y romper la dinámica inadmisible que arrastrábamos”. “Ahora que tenemos la oportunidad de relanzar el tema de la dependencia, no podemos perderla”, resaltó.

La presidenta de la Mesa Estatal de Personas Mayores, Isabel Martínez, pidió también a “todas las comunidades y administraciones involucradas altura de miras para llegar a este acuerdo de mínimos”.

A su juicio, “las políticas de las comunidades autónomas no pueden limitarse solo a bajar impuestos” porque “necesitamos unos servicios públicos que garanticen unas condiciones de dignidad a todas las personas”.

Finalmente, Pablo Martín, representante de la PMP, exigió “aprovechar esta oportunidad para avanzar hacia algo que llevamos pidiendo muchos años: un modelo de cuidados de larga duración basado en las personas” que “además de sus necesidades, tenga en cuenta sus derechos”.

NOVEDADES

Entre otros puntos que incorpora, el borrador que el ministerio llevará al Consejo Territorial contempla mayores ratios de trabajadores en relación con el número de usuarios de los centros, hasta “prácticamente reducirlas a la mitad”.

“En atención directa estamos en torno a 0,26 o 0,28 empleados por persona y a finales de 2029 queremos llegar a 0,45”, indicó Álvarez.

Todos los centros de nueva construcción no podrán exceder de 75 plazas si están en el ámbito rural o de 120 si se ubican en ciudades. Con todo, la principal novedad radica en que todas las residencias, públicas y concertadas “deberán estar organizadas en unidades de convivencia interna de 15 personas como máximo” antes de 2030. Se trata, según Álvarez, de facilitar una experiencia lo más cercana posible a la vida común de las personas.

El nuevo modelo, que contempla requisitos más estrictos en el caso de personas con discapacidad, también plantea dar prioridad a la atención domiciliaria y a la teleasistencia, así como impulsar las habitaciones individuales en las residencias.

En su intervención, Álvarez dijo “no comprender las posturas inmovilistas” de algunas patronales, y subrayó que “contamos con una financiación extra de 5.000 millones de euros para discapacidad y dependencia”, por lo que “es el momento”.