En declaraciones difundidas por el PSOE, López afirmó que “por fin después de muchos años de lucha, se abre un rayo de esperanza para las familias de las víctimas que fallecieron en las residencias durante el covid en las residencias de Madrid”.

Recordó que fueron “7.291 víctimas” y que ahora la justicia con la imputación de Mur y Peromningo abre la “oportunidad” de “investigar lo que fueron los protocolos de la vergüenza”, que es como la izquierda ha calificado a las decisiones en el ámbito de la gestión sanitaria, que a su juicio condujeron a la muerte de todas esas personas sin la atención que podrían haber tenido en caso de ser derivadas a hospitales. "Desde luego la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones”, zanjó.

Preguntada por este asunto, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, explicó que “son decenas las denuncias que se han interpuesto en ese sentido y todas han acabado de la misma manera”, por lo que entiende que “en este caso también va a ser así”.

Tanto Mur como Peromingo fueron firmantes de los citados protocolos. Mur ya declaró como testigo en varias causas abiertas por juzgados de la Comunidad de Madrid que acabaron archivadas por no hallar responsabilidades penales. Ahora, el juzgado número tres de Madrid reabre la causa tras recibir una petición de la Fiscalía a partir de la denuncia de 109 familiares de fallecidos. Se les imputa un delito de denegación de atención sanitaria por razón de edad, que violaría el artículo 511 del Código Penal, castigado con hasta dos años de cárcel.