La Audiencia Nacional celebra desde el pasado lunes un juicio en el que se trata de dilucidar el recorrido de la tarjeta SIM del móvil robado a Bousselham. La acusación se dirigía en un primer momento contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y dos periodistas por la difusión del contenido del teléfono móvil robado a la exasesora en 2015. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba cinco años de prisión para Villarejo y tres años para los dos informadores, además de una indemnización de 5.000 euros para Bousselham y de 1.000 euros para el exlíder del partido Pablo Iglesias.

En la primera sesión del juicio Iglesias y Bousselham ratificaron el "perdón expreso e irrevocable" que exculpó a los dos periodistas que se sentaban en el banquillo de los acusados, por lo que tan sólo queda como acusado el comisario Villarejo, por ser funcionario público en el momento en el que ocurrieron presuntamente los hechos, según la Fiscalía.

La información de esa tarjeta fue traspasada a varios periodistas que publicaron comentarios de Iglesias intercambiados en varios chats. En uno de ellos llegaba a decir que "azotaría hasta que sangrase" a una famosa periodista de ideología conservadora. En este juicio, Iglesias ejerce como acusación particular.

Iglesias aseguró en su declaración que guardó la tarjeta de memoria durante meses para evitar “sufrimiento” a su colaboradora al saber que la información contenida en ella circulaba por varias redacciones, incluidas imágenes íntimas. El terminal sustraído fue hallado en el domicilio de Villarejo tiempo después.

El exlíder de Podemos aseguró que este episodio se inscribe dentro de una operación para desacreditar a su partido y admitió haber tenido una “posición paternalista” al guardar la tarjeta sin decirle nada a Bousselham. Explicó también que fue el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, quien le entregó en 2016 la tarjeta, advirtiendo de la existencia de fotografías de su “pareja” y asegurando que no publicaría nada.

Tras comprobar que las imágenes no correspondían a su pareja, sino a la asesora y en la creencia de que no había más copias, decidió guardar en su casa la tarjeta durante medio año porque "era enormemente duro para Dina saber que ese material íntimo podía haber estado en manos de periodistas o gente ajena".

Pero meses después se comenzaron a difundir informaciones provenientes del móvil, lo que le hizo pensar que había “más copias” y eso fue lo que le impulso a informar a su asesora. Iglesias acabó pidiendo perdón al feminismo por el contenido de esos chats y dijo ante el juez que esas afirmaciones eran “una broma muy desagradable”.