Esta formación política ha trasladado la propuesta a la titular de ese departamento, Sara Aagesen, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras la muerte de la hembra de lince ibérico Urze y sus dos cachorros en una balsa de regadío situada en la pedanía de Isso, en Hellín (Albacete), según informó este martes del Pacma.

Esos tres animales quedaron atrapados en una infraestructura con paredes lisas y una pendiente que impedía su salida. El Pacma sostiene que la situación podría haberse evitado mediante la instalación de una rampa o una malla de escape.

“Las balsas y canales de riego, los pozos, las carreteras, los tendidos eléctricos, los vallados y muchas otras construcciones se convierten diariamente en trampas mortales para millones de animales. En numerosos casos existen soluciones sencillas y de bajo coste que permitirían evitar estas muertes”, según Javier Luna, presidente nacional de Pacma.

La propuesta plantea que tanto las infraestructuras de titularidad pública como las privadas estén obligadas a incorporar medidas de prevención específicas. También reclama la adaptación de las instalaciones existentes y la inclusión de estos sistemas desde la fase de diseño y construcción de las nuevas infraestructuras.

ACTUACIONES

Entre las actuaciones planteadas por el Pacma se encuentran colocar rampas de escape en balsas y canales de riego, cerrar pozos y aljibes, instalar plataformas de salida en piscinas, construir pasos de fauna en carreteras, reducir la velocidad y señalización dinámica en puntos sensibles, y adoptar medidas para evitar la colisión y electrocución de aves en tendidos eléctricos, parques eólicos y catenarias ferroviarias.

La formación también ha propuesto hacer visibles para aves y murciélagos las grandes cristaleras, pantallas acústicas y pistas de pádel; habilitar pasos para peces en presas, diques y azudes, y abrir zonas de escape en los vallados de terrenos cinegéticos, especialmente ante incendios e inundaciones.

Hasta 55 millones de vertebrados podrían morir cada año en las carreteras españolas, muchos de ellos pertenecientes a especies amenazadas, según el proyecto SAFE (Stop Atropellos de Fauna en España).

El Partido Animalista, que fundamenta su petición en las competencias estatales sobre legislación básica de protección ambiental, el artículo 45 de la Constitución, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y los compromisos asumidos por España mediante el Convenio de Berna, considera “insuficiente” la regulación actual limitada principalmente al Real Decreto 1432/2008 sobre protección de la avifauna frente a la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.