EL PACTO DE TOLEDO PIDE QUE SE ESTUDIE ADELANTAR LA EDAD LEGAL DE JUBILACION DE DISCAPACITADOS Y COLECTIVOS ESPECIFICOS
- Incluye 22 reomendaciones para adaptar la Seguridad Social al siglo XXI
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El informe de la Comisión del Pacto de Toledo sobre el futuro de las pensiones recomienda atender la situación de colectivos específicos, como discapacitados o determinados sectores de producción, con el fin de analizar la posibilidad de rebajar su edad de jubilación.
Esta es la última novedad introducida en el nuevo Pacto de Toledo, que recibió hoy el visto bueno de la comisión parlamentaria del mismo nmbre.
Aunque se recomienda tomar medidas para retrasar la edad real de jubilación, incluso más allá de los 65 años, se afirma que "determinadas formas de trabajo y colectivos por razón de su actividad o grado de discapacidad, pueden obligar a contemplar consideraciones específicas en torno a la edad legal de jubilación".
El nuevo Pacto de Toledo incluye un total de 22 recomendaciones, que tendrán una vigencia de cinco años, pasados los cuales, como ya sucedió con el anterior acuerdo, se procederáa su revisión.
Se recomienda acometer el proceso de separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social en el periodo de vigencia de estas recomendaciones, es decir, cinco años. Se defiende que las pensiones suban lo mismo que el IPC real y que si la subida es superior, no se descuente la mejora en años posteriores.
Los excedentes de la Seguridad Social deberán destinarse "fundamentalmente" al fondo de reserva y se simplicará la Seguridad Social para la existencia de dos únicos regímenes uno de trabajadores por cuenta propia y otro por cuenta ajena, aunque atendiendo a las especifidades de los trabajadores del campo o del mar.
Se recomienda una mejora de las cotizaciones en determinados regímenes, especialmente el de autónomos, y el mantenimiento de las bonificaciones y exoneraciones de cuotas como instrumento para crear empleo.
Las recomendaciones séptima, octava y novena hacen referencia a la necesidad de dar información fiable a los ciudadanos sobre las prestaciones a las quepueden aspirar en el futuro según su circunstancia; a mejorar la gestión del sistema unificando sus funciones "en una sola entidad"; y a mantener la lucha contra el fraude, respectivamente.
El Pacto de Toledo vuelve a incidir en la necesidad de reforzar la relación entre lo cotizado por el trabajador y la pensión que recibe, abriendo la puerta a que, de forma gradual, se calcule la pensión en función de toda la vida laboral.
El informe insta a luchar contra las prejubilaciones no justificadas y atratar de alargar la edad de trabajo más allá de los 65 años. Además, se recomienda una revisión general de las pensiones de viudedad y orfandad, para atender a nuevas necesidades, y mejorar especialmente las pensiones de las viudas mayores de 65 años.
El Pacto de Toledo ve conveniente reforzar el principio de solidaridad y revisar la incompatibilidad entre el SOVI y la pensión de viudedad.
Asimismo, se considera necesario una mayor participación en el sistema complementario de pensiones, citandocomo mejor instrumento para su extensión la negociación colectiva.
CINCO NUEVAS
El nuevo Pacto de Toledo añade cinco recomendaciones no contempladas en 1995, empezando por analizar la situación de los trabajadores con jornada a tiempo parcial o mayor temporalidad, así como ver la posibilidad de nuevas compatibilidades entre salario y pensión o subsidio.
La protección social de la mujer es otro de los nuevos ejes del Pacto de Toledo, fijando como objetivos acabar con las discriminaciones salariaes, contar como cotizado el periodo de atención a hijos y atender los casos creados tras separaciones o divorcios.
El Pacto de Toledo pide configurar un sistema integración de atención a los dependientes y elaborar una política integral que recoja la definición del fenómeno, la situación actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección".
La cuarta novedad se refiere a la necesidad de seguir avanzando en las políticas de apoyo a los discapacitados, a evita discriminaciones y a contemplar su situación en la elaboración de cualquier proyecto normativo.
La quinta recomendación alude al "desafío" de la inmigración y afirma que "debemos conseguir que el inmigrante que resida legalmente sea un ciudadano con todos sus derechos, que tenga la protección de las leyes y de los sistemas de Seguridad Social, que contribuya con su trabajo a mejorar su nivel de vida, evitando situaciones que puedan conducir a la marginación, al trabajo clandestino o a situaciones de xplotación".
(SERVIMEDIA)
30 Sep 2003
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