Con esta nueva norma, las policías autonómicas que ejerzan labores de protección de autoridades públicas podrán hacerlo también fuera del ámbito territorial.

Además, a partir de ahora no se entregará recursos económicos procedentes de las arcas públicas a aquellos partidos que incurran en alguna de las conductas previstas en la Ley de Partidos para la ilegalización de formaciones políticas.

Los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad y aquéllos con sentencia no firme, pero condenados por terrorismo, no pondrán presentarse a las elecciones.

Entre otras modificaciones, con esta ley podrá ser designado interventor en los comicios todo aquel que, reuniendo la condición de eletor, se encuentre inscrito en el censo electoral.