En un documento de 40 páginas elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara, la institución presidida por Juan María Atutxa trata de demostrar que "la impugnación es contraria al diseño constitucional de la panoplia de mecanismos de control jurisdiccional disponibles en el juego de relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas", según informa el propio Parlamento.

"En coherencia con este principio", prosigue el comunicado, "las alegaciones parlamentarias consideran que el Tribual Constitucional no podría verificar el examen de constitucionalidad que la impugnación pretende sin violentar su papel institucional y las funciones que la propia norma fundamental le atribuye".

Por último, el documento considera que la admisión a trámite de la impugnación supondría una ruptura de la estructura autonómica constitucional, al otorgar al Gobierno central "un veto suspensivo frente al ejercicio de la función de iniciativa legislativa en general y de reforma estatutaria en concreto, que o está previsto en la Constitución".