Fuentes jurídicas informaron a Servimedia de que esta fue una las respuestas que Pardo de Vera dio ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que la interrogó sobre la concesión de diversas obras. También prestó testimonio este lunes el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.

A ambos se les preguntó por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a empresas como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y OPR, relacionadas con proyectos como la autovía A-68 en La Rioja y el Puente del Centenario de Sevilla. En estas gestiones habrían estado presuntamente implicados Koldo y Ábalos, según ha testificado el comisionista Víctor de Aldama.

La Fiscalía atribuye a Pardo de Vera y Herrero la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Como medida cautelar, el juez Moreno acordó esta jornada retirar el pasaporte a Pardo de Vera y Herrero y les ha prohibido salir de España mientras avanza la investigación.

“A LA MEJOR OFERTA”

Sin embargo, en su declaración, Pardo de Vera -que respondió a las preguntas del juez, el fiscal y su abogado- sostuvo que no aceptó peticiones del exasesor de Ábalos sobre contratos. “Yo nunca acepté ninguna petición de Koldo’, señaló la exresponsable de ADIF sobre si atendió a solicitudes del exasesor sobre demandas de constructoras.

En este sentido, la encausada señaló que Koldo le insistía en ayudar a LIC, pero ella respondía que no participaba “en emergencias” de contratos, en referencia a modificaciones por determinadas circunstancias. Añadió al respecto que la emergencia es independiente del presupuesto y tiene un procedimiento “singular”.

Así, defendió que de las 400 “emergencias” que tramitó en contratos, LIC sería adjudicataria de un muy pequeño número y que se trataría de contratos “menores” en comparación con el resto.

La imputada dijo que no conocía la empresa OPR ni la UTE Construcciones Pérez Jiménez sobre la que se le preguntó.

Además, interrogada por su abogado, se mostró “segura” de que las adjudicaciones que se investigan fueron “a la mejor oferta”. Añadió que en un concurso abierto se suma la puntación técnica y económica, en las que ella no intervenía. Destacó que era la “combinación global” de estas puntuaciones lo que daba la empresa ganadora.