En concreto, los eurodiputados Javier Zarzalejos y Jorge Buxadé (España), Alessandro Zan (Italia), Raquel García Hermida-van der Walle (Países Bajos) y Assita Kanko (Bélgica) ponen de relieve que el Estado de derecho en España sigue siendo “estructuralmente sólido” y se encuentra “integrado en un marco constitucional maduro”, aunque matizan que está “marcado por tensiones institucionales recurrentes y polarización política”. Algo esto último que, añaden, puede afectar "al equilibrio entre las instituciones” y al “funcionamiento eficaz y la imparcialidad percibida del marco del Estado de Derecho”.

Las conclusiones de este informe parten de la queja por parte de los eurodiputados de no haber sido recibidos, entre otros, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o el presidente de RTVE, José Pablo López, algo que “limitó la capacidad de la delegación para obtener explicaciones directas del Gobierno”.

El primer punto que abordan en esas conclusiones es el de la independencia judicial, que consideran el “tema más delicado” y “controvertido”. Aquí vuelven a poner el foco en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su sistema de designación, reiterando que sus miembros han de ser elegidos por los jueces para adaptarse así a los estándares europeos. De hecho, el popular Zarzalejos criticó durante la presentación en la Comisión que, pese a ser “un compromiso político” de España tras la última renovación, no se ha implementado todavía la reforma.

Por ello, el informe avisa que el sistema actual “sigue generando debate institucional” y “preocupación” en relación a la posible “influencia política sobre la gobernanza judicial”. Así, la delegación considera que "restablecer un marco de gobernanza judicial estable, despolitizado y ampliamente aceptado" es "esencial" para "garantizar la credibilidad a largo plazo del Estado de derecho español".

Al mismo tiempo, hace referencia al “elevado número de puestos judiciales interinos, el papel consultivo del CGPJ en los procedimientos legislativos y la influencia percibida de las asociaciones judiciales en el ascenso profesional”. Si bien la Comisión considera que, por separado, estas situaciones no suponen deficiencias sistémicas, “su efecto acumulativo contribuye a la disminución de la confianza pública y refuerza la percepción de politización”.

CORRUPCIÓN

También alerta el informe de que los indicadores de percepción de la corrupción en España han disminuido en los últimos años, alcanzando su nivel más bajo desde 2012, según Transparencia Internacional. De hecho, los eurodiputados constatan que “persisten dudas sobre los recursos y la autonomía de los órganos judiciales y fiscales, así como sobre el clima político general en el que se desarrollan las investigaciones por corrupción”.

Otro toque de atención al Gobierno llegó en relación al elevado número de decretos leyes aprobados: más de 120, desde 2018, “la cifra más alta registrada en periodos democráticos comparables en España”, destaca el documento. Por ello, pone de relieve que “su uso recurrente, especialmente en reformas políticamente sensibles o de gran relevancia estructural, corre el riesgo de limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos, incluido el papel asesor de los órganos judiciales”.

También expresó su “preocupación” la delegación europea por “las tensiones institucionales entre el Congreso de los Diputados y el Senado en relación con los procedimientos legislativos”. De hecho, hace referencia a una queja recurrente del PP sobre el "bloqueo" por parte de la Cámara Baja de las iniciativas aprobadas en la Alta, lo que puede “menoscabar el papel constitucional del Senado como Cámara de segunda lectura y representación territorial”.

RTVE

Y en cuanto a la libertad de prensa y pluralismo, el informe es muy duro con RTVE, trasladando la “preocupación por su gobernanza independiente”, el “aumento de las amenazas y el acoso contra los periodistas”. Y, a partir de un informe del Consejo de Informativos, toma nota de “reiteradas infracciones de los estándares editoriales en ciertos programas”, incluyendo el “uso de formatos de actualidad que incorporaban comentarios políticos y mensajes institucionales”, lo que el Consejo consideró “incompatible con los estándares de imparcialidad exigidos a una radiotelevisión pública”.

Con todo esto, y aunque la delegación considera que “la estructura del Estado de derecho en España sigue funcionando dentro de los parámetros constitucionales establecidos”, sí que muestra su “preocupación” porque la “persistencia de la polarización política corre el riesgo de erosionar la confianza pública con el tiempo”.

Por ello, reclama a los políticos consensos para alcanzar “acuerdos estables y ampliamente respaldados” que puedan “fortalecer la confianza, reducir la polarización y garantizar que el funcionamiento de las instituciones clave se perciba como imparcial y acorde con las normas europeas”.