"Estoy absolutamente destrozado", afirmó el juez, "no tanto porque me arrepienta de tomar decisiones, y ahí están expuestas, motivadas a lo largo del trabajo -y de mi trabajo pueden dar fe quienes conmigo lo han compartido-, sino porque comprendo el drama humano que vive esa familia y soy incapaz de pensar más allá de esa decisión".

"Sé que cualquier explicación no puee convencer a nadie, porque tenemos muy viva la muerte de Olga. Dejaría para momentos posteriores analizar nuestro sistema penitenciario en su conjunto", continuó. "A mí me costó ocho meses tomar esta decisión; no es una decisión tomada a la ligera, no es una decisión hipergarantista ni hiperpermisiva".

El ex titular de vigilancia penitenciaria, ahora técnico del Consejo General del Poder Judicial, agregó: "Lo único que de aquí no se puede extraer es la conclusión de que todo el sistema falla. En el ábito penitenciario siempre damos un paso adelante y dos atrás; cada fracaso cuestiona el sistema".

"Además de sumarme al dolor", comentó el juez Ignacio Sánchez, "me gustaría que no fuera este un paso adelante y cinco pasos atrás, porque hay otros muchos miles de internos en los centros penitenciarios que sí pueden salir de permiso, y por lo tanto no deben verse limitados sus derechos penitenciarios con un sistema que está funcionando, y los índices de fracaso son mínimos, aunque entiendo que alguien iene que ser el payaso de bofetadas de esta cuestión".

El juez explicó que Valentín Tejero "ya había estado en libertad tres años antes de que yo tomara esta decisión, demostrando que era capaz de hacer vida honrada en libertad. Le di el tercer grado porque (...) demostró que había superado ese impulso -por desgracia hoy se manifiesta de nuevo- a cometer este tipo de delitos".

Reconoció sin embargo que aprobó el tercer grado a pesar de la opinión contraria de la psicóloga del centro penitenciario pero con la conformidad de los restantes funcionarios del equipo de tratamiento, tras realizar varios estudios de tipo psicológico, sociológico y criminológico de su personalidad.

PASCUAL SALA

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, aseguró hoy que la concesión de un permiso penitenciario al presunto asesino de la niña, Juan Manuel Valentín, que cumple condena en la prisión de Villanubla, no fue una resolución extraordinaria, sino consecuencia de la plicación de la progresión de grado penitenciario.

Sala, que hizo estas declaraciones en San Lorenzo de El Escorial, donde asistió a un curso de la Universidad Complutense, explicó que Juan Manuel Valentín no disfrutaba de un permiso "estrictamente considerado en lo que atañe a su concesión por el juez de vigilancia penitenciaria, sino de una progresión de grado que fue acordada ya en 1991. El permiso penitenciario de la administración penitenciaria fue posterior".

El presidente del CGPJ aseguró ue, en este caso, hubo una correcta aplicación de las leyes vigentes y por lo tanto, a su juicio, no puede decirse que haya existido una disfunción por parte de la autoridad.

No obstante, insistió en la necesidad de extremar las precauciones, por parte de la autoridad judicial, cuando se trata de determinados delincuentes, como, dijo, "se hace normalmente".

Sala explicó que el presunto violador de la niña, vecina de Villalón de Campos (Valladolid), no tenía antecedentes por violación, sino por absos deshonestos, y precisó que anteriormente ya estuvo en libertad, aunque posteriormente fue recluido por cometer otro delito similar.

El presidente del órgano rector de la judicatura expresó su rechazo y el de todos los miembros de la judicatura por estos hechos, al tiempo que manifestó compartir el dolor de la familia de Olga Sangrador y de los vecinos de Villalón de Campos, que hoy se manifestaron por las calles del pueblo.