Tejedor compareció en la Comisión de Hacienda del Senado para explicar las razones del traspaso de la propiedad del inmueble al PNV, su impacto presupuestario y las actuaciones previstas al respecto, comparecencia que duró unos cinco minutos en su intervención inicial.

El director general de Patrimonio señaló que el traspaso se ha acordado en una “disposición con rango de ley, avalada por la voluntad mayoritaria expresada por el Congreso de los Diputados”, que lo aprobó el pasado mes de febrero. Tejedor recordó que esta aprobación se produce en base a “los principios inspiradores de la legislación sobre memoria democrática y bienes incautados a partidos políticos”. “Parece ser esos principios los que justifican el traspaso acordado”, afirmó.

El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, que había pedido la comparecencia, consideró el traspaso un “evidente fraude de ley” de un edificio “valorado en más de 10,5 millones de euros” y que las administraciones públicas no pueden ceder inmuebles por ley, y el senador del PP Carlos Alfonso Polanco señaló que en 2003 el Tribunal Supremo rechazó esa cesión por considerar que no está clara la titularidad.

El director general de Patrimonio defendió que la norma que avala el traspaso es la disposición adicional segunda del real decreto-ley ómnibus de diciembre de 2024 y “no se produce” en virtud de la Ley de Patrimonio u otra. “Se habla de cesiones ilegítimas, de actuaciones legales, una disposición con rango de ley no puede ser ilegal, desde Patrimonio lo que hemos hecho es tomar razón de ella”, agregó. En esta línea, comentó que no existen informes de Patrimonio porque el organismo se limita a aplicar la ley

El director general del organismo responsable de los edificios del Estado aseguró que la medida no tiene repercusión presupuestaria, “únicamente” la baja que ha causado en el inventario de muebles y bienes del Estado, y el derecho del Instituto Cervantes a seguir ocupando el edificio hasta 2030 pagando una renta que “no sé cuál es porque no está estimado”.

El director general de Patrimonio afirmó que no están previstas actuaciones adicionales por parte de Patrimonio.

En el turno de los grupos, el senador de Vox consideró que la cesión es “una muestra más de la necesidad de Sánchez de mantenerse en el poder” a base de “una cesión a los partidos que lo sostienen”.

En esa misma línea, el del PP lo calificó de “pago político” y se quejó de que se traspase un edificio por el que “ha aceptado pagar un millón de euros” al año para seguir teniendo al Instituto Cervantes en él.

Por el PNV, Dolores Etxano señaló que el PNV es el “legítimo propietario” y que “restituir lo que se ha incautado en una dictadura como represalia jamás puede ser una cesión ni un regalo, es reparación”.

Por parte del PSOE, Mario Soler consideró “un insulto” que “con la calidad” del patrimonio que tiene el Estado “se haga venir a un director general de Patrimonio a una comisión del Senado" por el "pequeño show" de Vox, que hace “perder el tiempo” en el Senado y que el edificio es del PNV. A esto, Vox respondió que el Gobierno quiere “decirnos a los partidos de la oposición qué asuntos debemos traer” y que, si le parece pérdida de tiempo, “no venga” a la comisión.