La patronal naviera, en un documento al que tuvo acceso Servimedia, afirma estar de acuerdo con la liberalización, pero que, si se produjera en la fecha prevista, el 1 de enero de 1993, "la flota española sufriría daños irreparables", ya que no estaría en condiciones competitivas con el resto de los países europeos.

La liberalización del cabotaje, que será discutida hoy y mañana en Bruselas por los ministros de Transportes de la CE, cuenta con la oposicón de los sindicatos de la merina mercante de los países del sur de Europa, que realizaron sendas jornadas de huelga los días 15 y 16 de junio.

Para ANAVE, "no sería realista pretender que aquellos países comunitarios que han alcanzado unos niveles más competitivos renuncien a los mismos", al tiempo que alaba la actitud negociadora mantenida por los gobiernos de los países mediterráneos, que han conseguido plazos transitorios y salvaguardas.

Sin embargo, la patronal solicita para España tres añosmás para adaptarse a unas situación ya vigente en Europa. La dirección de la Marina Mercante se ha manifestado a favor de conseguir un periodo transitorio, sin fijar su duración.

ANAVE considera que la solución para la flota española es la creación de un segundo registro que suponga menos impuestos, para equiparar a España con la mayoría de los países de la CE, que cuentan con este mecanismo.

Los países que no tienen este segundo registro gozan ya en el primero con ayudas fiscales, como en el cas de Grecia, o tienen facilidades para el abanderamiento provisional de buques en el extranjero, como Italia. Sólo Irlanda y España no disponen aún de ningún instrumento de este tipo.

Sin embargo, las naciones del norte europeo además abanderan muchos de sus buques bajo banderas de conveniencia, normalmente en "paraísos" fiscales. Según la patronal española, más de la mitad de la flota comunitaria se encuentra bajo registros de terceros países.

Para ANAVE, de no establecerse este segundo registro,en un periodo de tres años, la flota española podría perder el 60 por ciento de su tonelaje. Por contra, si funcionase, la patronal naviera prevé que en 1994 entre el 75 y el 80 por ciento de la flota estaría inscrito en él.

Los sindicatos españoles del sector se oponen a la liberalizacción y a la creación de este registro, que se llevaría a cabo en Canarias, porque consideran que daría paso a la contratación indiscriminada de trabajadores de países subdesarrollados, con la consecuente pérdida de emplos y baja de los salarios.