Las entidades estiman que esta normativa supondría un incremento medio del 17% en los costes salariales, un aumento “imposible de asumir”, a su juicio, con los actuales sistemas de financiación pública, tal y como advirtieron en un comunicado.

Las organizaciones recordaron que la atención a personas con discapacidad, la educación especial y el empleo protegido dependen de estructuras laborales “amplias y altamente especializadas”.

“En un sector intensivo en empleo, cuyos ingresos proceden mayoritariamente de conciertos, contratos y subvenciones públicas que no se actualizan al ritmo de las obligaciones salariales, la nueva normativa generaría tensiones que comprometerían la viabilidad de los centros, la estabilidad de los profesionales y la continuidad de servicios esenciales”, denunciaron.

Las patronales advierten de que esta situación, además, “afectaría directamente” al empleo de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo de iniciativa social. “Incrementos de costes de esta magnitud, sin medidas de acompañamiento, reducirían la capacidad de las entidades para mantener y de generar puestos de trabajo inclusivos”, abundaron.

A su entender, la reforma planteada se produce en un momento en el que el sector de atención a la discapacidad afronta una situación “especialmente compleja”, con dificultades para cubrir vacantes, retener talento y hacer frente al aumento generalizado de costes. “Esta coyuntura, agravada por la falta de actualización en la financiación pública, pone en riesgo la viabilidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad”, agregó.

PROPUESTAS

Entre sus propuestas para una aplicación “viable” de la normativa, las patronales comparten el objetivo de mejorar las condiciones laborales, pero subrayan que estas mejoras deben aplicarse de forma “compatible” con la sostenibilidad de los servicios y con la protección del empleo de las personas con discapacidad.

Por ello, ven “imprescindible” que la transposición de la Directiva (UE) 2022/2041 y el nuevo régimen de compensación y absorción incorporen mecanismos de adaptación, respeten la negociación colectiva y garanticen una financiación acorde con el impacto real de la normativa.

“De lo contrario las medidas podrían generar efectos contrarios a los objetivos de inclusión, provocando el deterioro de los apoyos, la reducción de servicios y la pérdida de empleo protegido”, resolvieron.