En este contexto, ambas sociedades científicas consideraron imprescindible que todas las actuaciones se rijan por el principio del interés superior del menor, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y por la legislación española, garantizando en todo momento la protección de su salud, su bienestar y su desarrollo.

La evidencia científica ya demostró que experiencias como el desplazamiento forzoso, la separación familiar, la incertidumbre o la exposición a situaciones traumáticas pueden tener consecuencias duraderas sobre la salud física, la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes.

Por ello, señalaron los pediatras, “la respuesta institucional no debe limitarse a atender las necesidades más inmediatas, sino que debe asegurar entornos seguros, estables y protectores que favorezcan su recuperación y desarrollo integral”.

Además, recordaron que la pediatría entiende la salud infantil desde una perspectiva integral, en la que el bienestar físico, emocional y social forman parte inseparable del derecho de todos los niños a crecer en entornos protectores y libres de violencia, abandono o desamparo.

MENORES SOLOS

Los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a España “son, ante todo, menores de edad con los mismos derechos que cualquier otro niño”. Por ello, recordaron que su condición administrativa o migratoria no puede condicionar el acceso a la protección, la atención sanitaria, la educación o el acompañamiento que necesitan.

De hecho, señalaron las sociedades científicas, “la infancia no puede convertirse, en ninguna circunstancia, en un daño colateral ni quedar subordinada a intereses ajenos a su protección”.

Ante esta realidad, la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría Social consideraron prioritario “garantizar una acogida inmediata, digna y adaptada a las necesidades de la infancia, de modo que ningún niño, niña o adolescente permanezca sin un alojamiento seguro, alimentación adecuada, condiciones higiénicas apropiadas o atención especializada”.

Igualmente, pidieron “realizar una evaluación individualizada de cada menor, respetando escrupulosamente las garantías legales en materia de protección, determinación de la edad y acceso al procedimiento de asilo cuando corresponda”.

ATENCIÓN SANITARIA

Del mismo modo indicaron la necesidad de “asegurar una atención sanitaria integral, que incluya tanto la atención a la salud física como el acceso a recursos de salud mental”.

Junto a todo ello, pidieron “reforzar la coordinación y la corresponsabilidad entre todas las administraciones públicas, favoreciendo una respuesta solidaria que permita distribuir adecuadamente los recursos de acogida y garantizar una atención de calidad a todos los menores, con independencia del territorio en el que se encuentren”.

Ante la situación que atraviesa Ceuta, ambas sociedades científicas hicieron un llamamiento a todas las administraciones competentes para que “actúen con la máxima diligencia, coordinación y responsabilidad, situando siempre en el centro el interés superior del menor y garantizando respuestas basadas en la protección de la infancia”.