La declaración del CGPJ se produce con motivo de la situación del español Joaquín José Martínez, condenado a muerte en Estados Unidos, y al día siguiente de una manifestación efectuada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en la que aseguró que supondría una "intromisión imperdonable" decirle a un país extranjero si debe tener o no la pena de muerte en su ordenamiento legal.