Sobre la mesa están las explicaciones que debe dar la máxima responsable de la Fiscalía sobre las reuniones que mantuvo la ‘fontanera’ del PSOE en la sede de la Fiscalía Genera del Estado (FGE) con el 'número dos' de la institución, Diego Villafañe, mientras Álvaro García Ortiz era el máximo responsable del Ministerio Público. Esos encuentros constan en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregados a juez.

La fiscal general inició su intervención recalcando que “el Ministerio Fiscal no forma parte del Ejecutivo" y, por tanto, no obedece a las directrices del Gobierno de Pedro Sánchez. Señaló en cualquier caso que "el camino que debemos recorrer es un camino de respeto institucional, que reconoce que ha habido una fractura en términos de cohesión y por eso requiere de un esfuerzo consciente para reafirmar los valores que nos definen”.

Se refería así a la abierta situación de enfrentamiento interno dentro de la Fiscalía agudizada por la investigación y posterior condena a su antecesor al frente de la FGE. Insistió en que el Ministerio Público está ocupado en reforzar los valores de “legalidad” e “institucionalidad, pero también la lealtad a la sociedad y a las instituciones; así como el respeto a la carrera fiscal".

En relación a su comparecencia en el Senado para dar explicaciones, Peramato advirtió que “el escrutinio parlamentario de la Fiscalía puede implicar un riesgo de politización", y que el control parlamentario del Ministerio Público no es la mejor forma de garantizar su independencia. "La Fiscalía solo puede fortalecerse desde la pluralidad de sus voces y el refuerzo de sus mecanismos internos", añadió.

Peramato insistió en que “sls instituciones serias no son las que niegan las tensiones, sino las que saben afrontarlas con transparencia y cohesión. En los meses en los que vengo ejerciendo mi labor como fiscal general del Estado he mantenido de forma constante el debate, el diálogo y el encuentro, tanto de manera directa como a través de los canales correspondientes”, con los miembros de la carrera fiscal.

En cualquier caso, expresó su deseo de “plena colaboración a las cuestiones que me pregunten”, advirtiendo a los senadores que “la fiscal general del Estado no se puede erigir en comentarista de la intervención judicial” y que mantendrá “la máxima cautela en cuanto a los procedimientos en curso en los que interviene el Ministerio Público”.