En su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la SEPI en la Cámara Alta, Martín explicó que elaboró en 2021 el único informe pericial independiente sobre el rescate, por encargo del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, y firmó el documento el 7 de octubre de aquel año.

El experto concluyó que Plus Ultra estaba en crisis el 31 de diciembre de 2019 y arrastraba "más de un año en causa de disolución", con pérdidas acumuladas superiores al 50% del capital social. A su juicio, la empresa debió haber solicitado concurso de acreedores en lugar de recibir el dinero público.

El informe del perito recoge que resulta "inviable" devolver los 53 millones del rescate, más los intereses, en 2028, según el plan de viabilidad que presentó en su momento la propia aerolínea. Ese plan, que Martín calificó de "muy optimista", preveía amortizar toda la deuda y dejar un remanente de caja de 47 millones.

CUENTAS MAQUILLADAS

Preguntado por la posibilidad de que las cuentas se "maquillaran", el economista respondió que se "utilizaron cambios de criterios contables" que vulneraban el Plan General de Contabilidad. Detalló que el préstamo participativo de Panacorp no ascendía en realidad a 6,3 millones, sino a 2,3, porque cuatro millones quedaron retenidos como garantía.

Martín explicó que ese crédito debía considerarse "privilegiado" y no participativo, lo que situaba a la compañía en causa de disolución por pérdidas. Sumó otras dos irregularidades: la falta de dotación de provisiones en el ejercicio adecuado y el beneficio imputado por la dación en pago de una aeronave a los bonistas.

Sobre el destino de los fondos, el perito reconoció haber detectado una transferencia de 707.000 euros a una sociedad ajena a la actividad aérea radicada en un paraíso fiscal, aunque advirtió de que rastrear el dinero no era objeto de su pericia. Las órdenes de pago de 2021 sumaron 32,7 millones de euros.

Martín argumentó que "realmente no eran motivos económicos" los que impulsaron el rescate, dado que ni siquiera con un plan tan optimista la operación resultaba sostenible, y apuntó a que "tendría que haber otros motivos". Reclamó una ampliación pericial que verifique euro a euro el destino de los fondos públicos.

MÁS ARRIBA DE ZAPATERO

El senador del PP Salvador de Foronda sostuvo que en 2019 Plus Ultra "no era una empresa solvente" y denunció que se rescató "sin solvencia", se ocultó "sin transparencia" y se defendió "sin rigor". Reprochó al Gobierno haber convertido en estratégica a una compañía con indicios de hallarse en causa de disolución.

El parlamentario popular alertó de una contradicción en la comisión: mientras el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, aseguró que había informes técnicos internos que "nadie quiso firmar", el director Miguel Ángel Partearroyo negó su existencia. Subrayó que el Consejo Rector aprobó el rescate en febrero de 2021, un mes antes de esos informes.

De Foronda zanjó que el caso no se reduce al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —"un intermediario" sin capacidad de firma— y situó la responsabilidad en la ministra de Hacienda María Jesús Montero, el extitular de Transportes José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Recordó que la cúpula de la aerolínea celebró el rescate "con champán y ostras" antes de su aprobación.

La senadora de Vox Paloma Gómez describió el rescate como "una auténtica obra de ingeniería financiera" y recordó que Martín fue el único perito independiente que evaluó las cuentas. Afirmó que se emplearon préstamos opacos y canjes de bonos para "camuflar unos fondos propios negativos" y simular solvencia.

DUELO DE VERSIONES

Gómez vinculó la operación a una estructura accionarial "controlada por empresarios chavistas" próximos a Nicolás Maduro y planteó que el Estado podría acabar convertido en "accionista a la fuerza" de una aerolínea quebrada que, según afirmó, "funciona con respirador asistido", un extremo que el compareciente no llegó a desmentir.

La senadora del PSOE Inmaculada Sánchez defendió que la SEPI "no es una herramienta opaca ni arbitraria", ya que está sometida al control del Tribunal de Cuentas, la Intervención General y la Unión Europea. Enmarcó el rescate de Plus Ultra en "el mayor cierre de la economía" por la pandemia y recordó que la Comisión Europea autorizó el fondo por el que se dio dinero a diversas empresas, entre ellas esta aerolínea.

La parlamentaria socialista cuestionó que el perito haya concedido recientemente entrevistas a algunos medios de comunicación y le interpeló sobre sus deberes de imparcialidad y reserva. Le hizo admitir que "un informe no es la verdad absoluta", después de que él alternara los términos "inviable", "imposible" y "muy difícil".

En su alegato final, Martín insistió en que mantiene la palabra "inviable" y recordó que su peritaje sobre Plus Ultra, realizado cuando se instruía la causa en el juzgado 15 de Instrucción de Madrid, es de dominio público. Defendió que su opinión, fruto de 35 años de docencia, puede diferir de la del auditor y los asesores financieros, aunque los "números" de esta compañía "están ahí".