Este dictamen, presentado hoy en rueda de prensa en Madrid, ha sido elaborado por Roca para Edad & Vida, Instituto para la Mejora, Promoción e Innovación de la Calidad de Vida de las Personas Mayores.

Roca recordó que, en la actualidad, un 34% de los seis millones y medio de personas mayores de 65 años, es decir, unos 2.150.000 ciudadanos, padece algún nivel de dependencia sin tener derecho a cobertura pública, siendo habitualmente la familia la que se encarga de los cuidados de estas persoas. Sólo un 2,5% de estas personas están ingresadas en residencias públicas o privadas concertadas, y un 3,5% en residencias privadas.

A juicio de Roca, estas personas sufren una "clara discriminación" por razón de edad, ya que, pese a que la situación de dependencia es equiparable prácticamente a la de gran invalidez, riesgo este último cubierto por la Seguridad Social, la regulación de la incapacidad permanente excluye de las prestaciones a los jubilados y mayores de 65 años.

En su dictamen, Roa recuerda que en una disposición de la Ley de Acompañamiento de 1999 se aprobó un mandato al Gobierno para que presentara, en el plazo de seis meses, un informe relativo al seguro de dependencia que estuviera incentivado fiscalmente. El ex diputado, que urgió a que se cumpla este mandato, dijo que esta opción del legislador no tiene por qué ser excluyente de otras fórmulas mixtas de financiación pública y privada.

Roca y Edad & Vida reclaman que las aportaciones privadas a seguros destinados a cubrirlas situaciones de dependencia de personas mayores de 65 años tengan unos incentivos fiscales "más amplios y beneficiosos" que los que tienen los planes de pensiones, ya que mientras estos últimos complementan la pensión de la Seguridad Social, los seguros de dependencia sustituyen un servicio que, pese a ser reconocido como necesario, no se presta desde el servicio público.

También piden que estos nuevos incentivos fiscales para el seguro de dependencia sean compatibles y acumulables con los que ya eisten para los planes de pensiones. Además de que puedan desgravarse en el IRPF estas aportaciones al seguro de dependencia, proponen que las prestaciones futuras a que diera lugar este seguro no tributen en el impuesto.

QUE SEA OBLIGATORIO

A la pregunta de si lo que defiende es un seguro privado de dependencia obligatorio, Roca contestó que "lo que yo propongo es que sea obligatorio cubrir ese riesgo. Como Administración, lo puede cubrir ella con atención pública, o los particulares con un seguro pivado".

Sobre el coste que podría suponer la cobertura de este riesgo para la Administración, dijo que "no más del que tiene un servicio mal prestado. El coste económico no debería ser un obstáculo. Estoy convencido de que la aplicación práctica, al final se traduce en resultados económicamente positivos", aseguró.

Roca insistió en que "cuanto más pronto se regule el seguro de dependencia, mejor", porque, a su juicio, hay que contemplar con tiempo, como se está haciendo en otros países europeos, os problemas que generará "el afortunado alargamiento de la vida". Señaló que encontrar hospitales o residencias para la gente mayor es muy difícil y muy costoso.