Así se recoge en el estudio sobre ‘Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia’, presentado este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia. El informe ha sido elaborado por Sigma Dos a partir del recuerdo de adultos de entre 18 y 30 años en una macroencuesta que contó con más de 9.000 respuestas y que desveló que las personas con discapacidad son las que más sufrieron violencia en esa etapa de su vida.

El informe recoge seis tipos de violencia: violencia psicológica y/o emocional, violencia física, violencia sexual, violencia por la pareja, violencia por negligencia y violencia digital. En cinco de estos segmentos, las personas con discapacidad son las que mayor prevalencia de violencia manifiestan haber sufrido durante su infancia y adolescencia

En concreto, casi tres de cada cuatro personas con algún grado de discapacidad sufrieron violencia psicológica (71,9%) o violencia física (71,1%) y una de cada dos reportaron haber sufrido violencia sexual (58,8%), violencia por negligencia (49,9%) y violencia digital (50,2%). Unos datos que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, achacó al "sistema que sigue jerarquizando la vida de las personas" y no son "fruto del azar", aseveró.

LOS DATOS

En términos generales, de acuerdo con los datos del informe, la violencia psicológica es la que mayor prevalencia presentó: un 48,1% de las personas encuestadas la sufrió, siendo los progenitores los principales perpetradores. Del total de personas víctimas de este tipo de violencia, un 22,5% continuó sufriéndola en la edad adulta.

La segunda manifestación violenta que más soporta la infancia es la violencia física, con una prevalencia del 40,5%. De nuevo son los progenitores los principales perpetradores, seguidos de compañeros/as y del entorno familiar y escolar. Por su parte, un 28,9% de las personas encuestadas aseguró haber sufrido violencia sexual y una de cada 10 continuó sufriéndola en la edad adulta. En este caso, los principales perpetradores de esta violencia fueron las parejas (32,3%), adultos desconocidos (25,6%) y amigos/as (21%).

Casi el 25% de los encuestados también refirieron haber sido objeto de violencia digital en su infancia. Según el estudio, una de cada 10 personas continuó sufriéndola durante la etapa adulta. En este caso, los principales perpetradores fueron las parejas (27,9%), adultos desconocidos (26,3%) y menores de edad (23,9%).

Por su parte, el director de Sigma Dos, Miguel de la Fuente indicó que “la tasa de respuesta ha sido mejor en chicas que en chicos pero en ambos casos son estrictamente aleatorias” y confesó que el problema “era de dónde sacábamos la muestra”, ya que la idea fue buscar una muestra “aleatoria y no dirigida por los sesgos que pueda acarrear”.

“Cada dato es un grito, cada porcentaje una historia que pide reparación”, aseveró la ministra, que subrayó que estas cifras son “la evidencia de un sistema que reproduce desigualdad desde el inicio de la vida. Las niñas, adolescentes, personas Lgtbiq+, personas con discapacidad o de nacionalidad extranjera aparecen con las cifras más altas”, destacó. Ante esto, explicó que el estudio “permite arrojar luz para conocer la situación y plantear medidas por parte de las diferentes administraciones públicas”.

En este sentido, la titular de Juventud e Infancia destacó que este informe ha supuesto un trabajo de dos años que ha servido al Ministerio para tipificar los distintos tipos de violencia y tomar medidas.

Una de esas medidas es la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) presentada recientemente por el Ministerio. En esa reforma se busca, tal y como reiteró Rego, garantizar el derecho a la escucha de los niños y niñas en los procesos administrativos y judiciales sin límite de edad, eliminando el tope actual de 12 años a partir de los cuales es obligatorio que la Justicia tenga en cuenta la opinión de los menores.

"Ponemos sobre la mesa la necesidad de una ampliación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia que fue pionera en su momento, pero que va a requerir de esa ampliación para dar respuesta a este estudio que presentamos hoy", aseveró. El objetivo de esta reforma será "poner en el centro el derecho de la infancia a ser escuchada, el derecho de la infancia a recibir asistencia jurídica, defensa letrada; el derecho de la infancia a que la justicia en nuestro país tenga una perspectiva, que hable del interés superior de los menores y, en definitiva, que haya todo un panel de profesionales que están trabajando con el ámbito de la infancia que tengan formación suficiente para prevenir para de alguna manera adelantarse a cualquier conato, a cualquier expresión de violencia que puedan sufrir".