El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, manifestó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que se trata de una ley pionera en Europa, que satisface una reivindicación histórica del movimiento asociativo.

Caldera indicó que la norma, que será remitida a las Cortes una vez que el Consejo de Estado emita un dictamen, facilitará el acceso a la información y la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. La norma reconoce la lengua de signos española como lengua de las personas sordas que decidan utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso.

Además, establece y garantiza los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas que utilizan lenguas orales, entre ellos el subtitulado.

El anteproyecto de ley señala que las administraciones educativas dispondrán lo necesario para promover el aprendizaje de la lengua de signos española entre los alumnos que hayan optado por esta lengua y los medios de comunicación adecuados por los usuarios de lenguas orales.

En caso de que esta persona sea menor de edad o esté incapacitada, la elección corresponderá a los padres o representantes legales. Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación, la administración educativa competente determinará las titulaciones que considere oportunas.

En definitiva, facilita el acceso a estos medios de apoyo a la comunicación en bienes y servicios públicos como la educación, la formación y el empleo, la sanidad, la cultura, el deporte, el transporte, las relaciones con las Administraciones y los medios de comunicación social.

CENTROS DE APOYO

Por otra parte, el anteproyecto de ley establece también la creación, en el Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. La finalidad de este organismo será la de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua.

El citado organismo estará compuesto por profesionales expertos en lengua de signos española y en sociolingüística, y desarrollará sus acciones manteniendo consultas y estableciendo convenios con las entidades representativas de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y de sus familias, usuarias de la lengua de signos española.

Además, el Gobierno creará en el Real Patronato sobre Discapacidad el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción con la finalidad de investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Por último, el texto también reconoce la existencia de la lengua de signos catalana (junto a la española, la única reconocida por la comunidad sorda signante en nuestro país) en su ámbito de uso.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha participado en la elaboración de este texto. También este anteproyecto ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional de la Discapacidad en su reunión del 19 de julio. Asimismo, las Comunidades Autónomas han sido consultadas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.