En el escrito, esta organización pide una medida cautelarísima para evitar la llegada del buque a Canarias, que implica una decisión urgente sin que el tribunal escuche, en este caso, al Ministerio de Sanidad. El crucero de lujo está afectado por un brote de hantavirus que está siendo controlado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se espera que llegue este fin de semana al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. La recurrente sostiene que las decisiones sobre el destino del buque deben estar respaldado por informes técnicos y garantías sanitarias verificables.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha indicado que el riesgo para la población en Europa es “muy bajo” y que las posibilidades de contagio entre personas no es fácil siempre que se adopten de medidas de prevención y control.

Pese a ello, Iustitia Europa entiende que la situación reviste una “extrema gravedad” apoyándose en el hecho de que hay fallecidos y pacientes graves. También recuerdan que el período de incubación del virus puede prolongarse durante varias semanas, por lo que reclaman un control judicial del posible desembarco.

La organización considera que Canarias no puede ser un “laboratorio de improvisación sanitaria” y aunque puntualiza que no pretende negar la asistencia humanitaria de los viajeros, exigen conocer los protocolos de actuación y los planes del Gobierno.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

En el escrito se considera que la decisión del Gobierno de permitir que el crucero vaya a Canarias es una "actuación precipitada y carente de la debida fundamentación técnica". Por ello, se denuncia una clara vulneración del "principio de precaución", recogido en el artículo 3 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública, así como una "manifiesta falta de transparencia y motivación" en la decisión.

A juicio de la formación, "la asistencia humanitaria no puede convertirse en un cheque en blanco" para actuar sin expediente, transparencia ni garantías verificables. El escrito sostiene que la cooperación internacional y la asistencia humanitaria resultan plenamente compatibles con la prudencia sanitaria, la motivación reforzada y el control judicial efectivo de las decisiones de la Administración.

A este respecto, el presidente de la formación, Luis María Pardo, manifestó que "Canarias no puede ser tratada como un laboratorio de improvisación sanitaria", al tiempo que aseguró que con este recurso buscan no repetir "los errores" cometidos durante la crisis de la covid-19, en la que, a su juicio, "no primaron criterios científicos sino políticos".

El presidente de Iustitia Europa añadió que la población canaria y española tiene un derecho irrenunciable a saber con qué protocolos, informes técnicos y garantías se ejecutará la operación. Subrayó que no se trata de "negar asistencia humanitaria a nadie", sino de proteger a los canarios, españoles, trabajadores portuarios, sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

EXPEDIENTE EN 24 HORAS

Además, esta fuerza política pide que la Audiencia Nacional requiera al Ministerio de Sanidad la remisión urgente, en un plazo máximo de 24 horas, del expediente administrativo completo que sustenta la decisión de acogida del buque, incluida la solicitud formal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las comunicaciones con el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC).

El escrito detalla que los hantavirus pueden provocar enfermedades graves e incluso la muerte y recuerda que no existen tratamientos específicos ni vacunas. El virus Andes, identificado como una posible causa del brote, presenta una transmisión interhumana documentada por contacto estrecho y prolongado, según los informes del propio ECDC citados en el documento.

El texto judicial advierte de que el síndrome pulmonar por hantavirus presenta una tasa de letalidad relevante, que en la región de las Américas alcanzó el 25,7% en 2025, según el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes). La situación epidemiológica permanece, según la formación, activa y en evolución.

De forma subsidiaria, para el caso de que la Sala no acuerde la suspensión total, el partido pide que se impongan condiciones estrictas a la Administración, como la prohibición del desembarco general, la autorización exclusiva de actuaciones sanitarias individualizadas por emergencia vital y la aportación previa del protocolo definitivo OMS/ECDC y de la clasificación final de contactos.