Para la UP, "las verdaderas intenciones del Gobierno son abordar sin ningún tipo de escrúpulos sociales una auténtica reconversión salvaje para ocultar el fracaso cosechado por la ministra, Loyola de Palacio, en sus negociaciones con Bruselas".

Entiende que la entrada en vigor de esta normativa, a partir del próximo 1 de enero, junto a la directiva comunitaria sobre la calidad de la leche "hipoteca el futuro de miles de explotaciones ganaderas familiares, al no contemplar un incremento de la cuota de leche asigada a España y carecer de suficientes recursos presupuestarios".

La organización agraria considera que el decreto "sólo pretende beneficiar a las industrias lácteas", a las que se va a permitir comprar leche con un precio entre 5 y 25 pesetas más barato que el actual. Y esto "con el agravante de que los ganaderos tienen que pagar una multa de 3.700 millones de pesetas".