En unas declaraciones efectuadas en los pasillos del Congreso, el portavoz de Industria del PP, Javier Peón, acusó a los socialistas de querer sembrar "dudas y sospechas" sobre expedientes que "han sido ya profusamente analizados por la subcomisión".

Tras señalar que esa visita de los diputados socialistas al Ministerio de Industria, "s produce cuando está a punto de finalizar sus trabajos la subcomisión", Peón opinó que "en el fondo es una prueba de la impotencia del Partido Socialista para poder justificar sus denuncias iniciales".

Los socialistas aseguran que han acudido al Ministerio de Industria para analizar los expedientes porque tienen 'indicios de que se han aplicado discriminaciones en la denegación de subvenciones'. Peón ha replicado que "la realidad es que los expedientes sobre los que mantenían acusaciones de discriminaión, obran en la subcomisión desde el 23 de abril y han venido los representantes de las empresas, cosa que el PSOE negaba que se iba a producir".

Agregó que cuando todas estas comparecencias "nos permiten a los subcomisionados llegar a la conclusión de que no ha habido ninguna irregularidad", los socialistas "pretenden de nuevo crear esa sombra de sospecha con la escenificación de una visita al Ministerio".

En este sentido aseguró que su grupo no va a caer en esa estrategia y va a cumplir los plzos previstos para la conclusión de los trabajos de la subcomisión.

"RENEGOCIACION" CON ERCROS

En cuanto a la condonación de la deuda de Ercros por parte del ICO, Peón aseguró que de la documentación que tienen los subcomisionados, se desprende con "absoluta claridad" que la inhibición por parte del ministro se produjo, porque están los escritos de 27 de mayo y de 2 de junio del 98 de la vicesecretaria general técnica del Ministerio donde "ya advertía a la Comisión Delegada que el ministro se iba a usentar en esos debates".

El diputado del PP considera que no se perdonó un crédito a Ercros, sino que hubo una "renegociación" de las condiciones de un crédito -"que era incobrable", dijo- y que suponía para las arcas públicas la recuperación de 1.100 millones de pesetas cuando ese crédito se encontraba valorado por consultores independientes en 75 millones de pesetas. "Eso no es un perdón de un crédito sino una adecuada gestión de los fondos públicos", matizó.

Javier Peon califica de "debate juídico interesante" si la inhibición debe ser un fax del propio ministro o de su Secretaría General Técnica comunicando esa inhibición o debe ser un real decreto publicado en el BOE (como alegan los socialistas y que en este caso no se produjo). "Pero lo que nadie puede discutir", concluyó, "es que el ministro no ha intervenido en el conocimiento, en el debate y en la decisión de este asunto, que es lo que parece que pretenden imputarle como causa de irregularidad".