La empresa, propiedad de la Dirección General de Patrimonio del Estado, funciona a un 60 por ciento de sus posibilidades de producción desde que a mediados del pasado mes de enero este departamento decidiera posponer hasta marzo la presentación del expediente de regulación temporal de empleo que afectaría a la práctica totalidad de laplanta.

La inactividad, denunciada por los sindicatos representados en la fábrica provocó que la Inspección de Trabajo de la Junta de Andalucía en Málaga incoara un expediente sancionador contra los rectores de la empresa textil que podría ser resuelto el próximo martes, durante la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con una fuerte sanción económica.

Los trabajadores creen que el bajo nivel de producción de Intelhorce es una medida más para clausurar la empresa si en el transurso de este mes Patrimonio del Estado no encuentra un comprador.

Hasta ahora, la única oferta estudiada por sindicatos y Junta de Andalucía ha sido la realizada por la textil levantina Colortex, en asociación con otras empresas valencianas del sector, que comprarían Intelhorce con el objetivo de dotarse de producción de telas con las que abastecer a las factorías ubicadas en la Comunidad Valenciana.

No obstante, los trabajadores han rechazado esta posibilidad, ya que significaría la pérdida de ms de 300 puestos de trabajo, al dejarse de fabricar algunos de los productos más competitivos de Intelhorce, como el rizo y la pana.

La Junta de Andalucía ha propuesto como salida a los más de 300 trabajadores que serían despedidos de Intelhorce la creación de cooperativas textiles, para aprovechar la demanda del mercado.