Según informó la Plataforma, la infancia representa un “sector especialmente vulnerable de la población”, como lo atestigua el hecho de que sea el colectivo con “mayor riesgo de pobreza”: un 27,8% frente al 19% de la población adulta), que la violencia que sufre esté soterrada y el no reconocimiento de su derecho a la participación.

En ese sentido, el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, comentó que “en un contexto como el actual, las posibilidades de desarrollo y oportunidades de la población infantil se han visto afectadas”, y añadió que España es uno de los países con “mayores retos en la protección a la infancia”.

Esto le sirvió para aseverar que ésta “debe ser una prioridad absoluta para los partidos políticos que concurren en las próximas elecciones generales” y conminó a éstos a “abordar los principales retos específicos que limitan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país”.

La Plataforma de Infancia reiteró la importancia de que el Congreso de los Diputados y el Senado cuenten con una “comisión legislativa específica de infancia” y planteó “fortalecer y consolidar el Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente, como órgano estable de participación infantil de la administración estatal, que permita trasladar las propuestas de las niñas, niños y adolescentes en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas que les afectan”.

Por su parte, la responsable de Incidencia Política de la Plataforma, Almudena Escorial, señaló que “España carece de una prestación económica universal que apoye a las familias para asumir y afrontar los costes de la crianza” y subrayó la conveniencia de que se pongan en marcha “permisos suficientes durante el nacimiento, que permitan al menos los seis meses de lactancia materna exclusiva que recomienda la OMS, o permisos remunerados para los cuidados durante el resto de las etapas del niño o niña”.

Ante esta situación, la Plataforma de Infancia planteó a los partidos políticos la inclusión en sus programas de una ayuda a la crianza de carácter universal, a través de deducciones fiscales reembolsables en el IRPF, para “aumentar las ayudas destinadas a cubrir los costes de la crianza en España, reducir la desigualdad en el acceso a los beneficios fiscales por parte de los hogares con rentas más bajas, así como prevenir y reducir la pobreza infantil y su intensidad”.

En el ámbito educativo, propuso “aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio y avanzar en el compromiso de la universalización de la educación de 0 a 3 años” y aprobar una ley que “garantice la atención temprana universal, gratuita, intersectorial y especializada como derecho subjetivo de todo niño o niña de 0 a 6 años”.

Por último, pidió desarrollar aquellas medidas incluidas en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) que todavía no se han impulsado, como la creación de una fiscalía y juzgados especializados en violencia contra la infancia.