La responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, indicó que “se trata de niñas, niños y adolescentes que huyen de conflictos armados, pobreza, desigualdad, desastres naturales, violencia de género o persecución por motivos de orientación o identidad sexual. En el caso de las niñas y adolescentes no acompañadas, los riesgos se agravan y pueden incluir matrimonios forzados, explotación sexual o embarazos precoces”.

En este contexto, la organización señaló que la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo es decisiva para determinar la protección que recibirán las niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados en España, además de avisar de que existe el riesgo de que prevalezca una lógica centrada en el control migratorio frente a un enfoque basado en los derechos de la infancia, lo que podría traducirse en interpretaciones restrictivas y en una reducción de los estándares de protección ya consolidados.

Por ello, la entidad consideró imprescindible que el proceso de implementación del pacto se guíe por el interés superior del menor y por el pleno cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, valoró positivamente “la consulta pública abierta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para adaptar la normativa española a la nueva Directiva de Acogida, a la que las organizaciones de infancia han trasladado sus aportaciones”.

La Plataforma de Infancia pidió que España “aproveche esta posibilidad” para “mantener y reforzar las garantías existentes y evitar cualquier retroceso en la protección de la infancia”. Entre las principales medidas reclamadas por las organizaciones de infancia se encuentra el nombramiento ágil y eficaz de representantes legales para las niñas, niños y adolescentes no acompañados, la prohibición de la detención por motivos migratorios, al ser incompatible con su interés superior, la garantía del principio de unidad familiar y la implantación de un procedimiento uniforme para evaluar y determinar el interés superior del menor en el marco del sistema de acogida.

“Además, es fundamental garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir información adecuada, ser escuchados y participar en los procedimientos que les afectan, así como eliminar las barreras que dificultan el acceso efectivo a derechos fundamentales como la educación, la salud, el juego o la inclusión social” señaló Escorial.

La entidad también indicó “la necesidad de atender adecuadamente las situaciones de la infancia separada, es decir, de niñas, niños o adolescentes que no viajan con sus madres, padres o tutores legales, pero sí acompañados por otras personas adultas de referencia”. En este sentido, reclamó que esta realidad “sea reconocida de forma específica” en la normativa y que “se eviten separaciones cautelares automáticas”, salvo que se aprecie peligro o indicios objetivos de trata o desprotección que así lo aconsejen.

Por último, la Plataforma de Infancia mostró su preocupación ante el nuevo Reglamento de Retorno de la Unión Europea, recientemente aprobado por el Parlamento Europeo, que posibilita la detención de niñas, niños y adolescentes y/o sus familias o la detención de estos en terceros países mediante acuerdos bilaterales. “Consideramos que estas disposiciones podrían resultar incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño y suponer una vulneración de derechos fundamentales de la infancia” concluyó Escorial.