Así lo reivindicó en un comunicado en el que precisó que esta regularización “recupera” el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la sociedad civil, respaldada por más de 700.000 firmas, que, a su juicio, “demuestra la fortaleza del tejido social y la importancia de un Tercer Sector y una sociedad civil organizada y unida”.

“Este proceso ha puesto en valor el trabajo de más de 900 entidades sociales y, especialmente, de Cáritas, cuya implicación ha sido decisiva para que esta ILP avanzara y del movimiento Regularización Ya, cuyo impulso fue clave en la movilización social”, abundó.

La plataforma explicó que a esta regularización podrán acogerse las personas que cumplan los requisitos previstos en la medida, entre ellos acreditar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y demostrar, al menos, cinco meses de permanencia en el país en el momento de la solicitud.

En este contexto, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, subrayó que la aprobación de esta medida “supone un avance decisivo en el reconocimiento de los derechos de miles de personas que viven en nuestro país y que, hasta ahora, se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad jurídica y social”.

Asimismo, recordó que la regularización extraordinaria forma parte de las propuestas que la Plataforma del Tercer Sector presentó para esta legislatura. “En su momento ya planteamos la necesidad de un proceso de regularización que garantizara derechos, igualdad de trato y oportunidades”, agregó, convencido de que esta aprobación “supone dar respuesta a una demanda ciudadana ampliamente respaldada y coherente con un país que quiere avanzar en cohesión social”.

Por último, señaló que España “no puede permitirse que miles de personas sigan viviendo sin derechos básicos”. “La regularización es una herramienta de justicia y también de cohesión, que mejora la vida de las personas y fortalece a toda la sociedad”, resolvió.