Así lo planteó la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, quien advirtió que España vive una situación "límite, al borde del colapso", debido a la situación de emergencia habitacional. "Que caiga este Real Decreto no implica simplemente 60.000 desahucios, sino que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda", lamentó.

Asimismo, la portavoz del Sindicato recordó también que este año finalizan 600.000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia."Nos enfrentamos a la gran renovación sin ningún tipo de protección para los inquilinos", aseveró Racu, quien anunció que los movimientos de vivienda no van a dejar pasar 'ni una'. Además, aprovechó para repartir culpas entre un Gobierno "incapaz de aprobar ni una sola medida que nos proteja" y la derecha parlamentaria representada por PP, Vox y "sorprendentemente" Junts que actúan como "secuaces" de la patronal inmobiliaria. En este sentido, hizo un llamamiento a la formación liderada por Carles Puigdemont a que recapacite, ya que Cataluña es el territorio del Estado más afectado por este problema

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Paco Morote, señaló que a pesar de este escudo social se han ejecutado unos 400.000 desahucios durante el periodo en el que ha estado vigente. Morote, quien recordó que el artículo 47 de la Constitución Española, pidió medidas de carácter estructural para garantizar el derecho a la vivienda a largo plazo.

"Esta gente cuando llegó el día 31 de diciembre y se amplió el escudo social tuvo un alivio, hoy están de nuevo entre la espada y la pared por el afán de algunos partidos de intentar dar una patada al gobierno" lamentó Morote, quien consideró que les están dando una patada "en el culo de la gente vulnerable".

PENSIONISTAS

En la misma línea se situó el portavoz de la Coordinadora de Pensionistas (Coespe), Damián Rodríguez, quien acusó a los partidos de la derecha de estar "protegiendo los intereses" de los 'fondos buitres' y sus propios intereses. Asimismo, Rodríguez se refirió al "chantaje" de algunos partidos que plantean votar que no a la subida las pensiones si no se retira de este decreto la moratoria antidesahucios. "Nosotros los pensionistas, estamos absolutamente afectados por este problema; hay miles de pensionistas que están en la precariedad, que están sufriendo estas consecuencias o que van a sufrirlas. En ese sentido, apoyamos en todas las consideraciones que aquí se han hecho por parte de las dos organizaciones", aclaró.

Respecto a la revalorización de las pensiones, Rodríguez aclaró que estas tendrían que estar garantizadas por ley y señaló que no lo están por los intereses particulares de la derecha. En este sentido, aclaró que si el PP vota en contra, se reunirán este viernes frente a la sede del Partido Popular en búsqueda de una explicación sobre su voto en contra.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Por otra parte, al ser preguntada por las medidas anunciadas este lunes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que indicó que serán obligatorios diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid para poder acceder a vivienda protegida y se prohibirá el acceso a las mismas a quienes hayan sido condenados por delitos de ocupación, Racu consideró que se criminaliza a las personas más afectadas por el problema del derecho a la vivienda y lamentó que desde la Comunidad de Madrid "se enfrente al último contra el penúltimo".

En este sentido, Morote recordó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ya ha tumbado varios proyectos en este sentido precisamente por ser discriminatorios y afirmó que se trata de "un nuevo atentado" contra los derechos humanos y afirmó que se trata de un "pretexto" ante la ausencia de vivienda pública en esta Comunidad.