A lo largo de diversas sesiones de trabajo, los participantes abordarán medio centenar de cuestiones clave relacionadas con la viabilidad económica de las organizaciones sociales, en un entorno marcado por “la inestabilidad internacional”. Entre los asuntos a debate figuran “la evolución de las subvenciones públicas, la colaboración con el sector privado, la generación de alianzas dentro del Tercer Sector, la ampliación de la red de más de 4.000 centros y servicios y la implicación de familias y personas con discapacidad en la planificación estratégica”.

El objetivo de este grupo de estudio es “contribuir al informe sobre sostenibilidad económica” que está elaborando Plena inclusión, cuyas conclusiones propondrán alternativas ante los desafíos que amenazan al sector en el medio plazo. La iniciativa, impulsada por Plena inclusión España con el asesoramiento de la Universidad de A Coruña, parte de un estudio previo presentado en febrero que analiza una amplia muestra de entidades del movimiento asociativo.

Según este informe, el sector emplea a 46.000 profesionales y presta apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias en toda España. El estudio, coordinado por la investigadora Marta Rey, destaca además que las 428 asociaciones analizadas registraron ingresos superiores a 1.679 millones de euros en 2023, lo que supone “una contribución del 0,082% al PIB nacional”.

Plena inclusión reiteró la necesidad de “un plan de inversión urgente” por parte del Estado y las comunidades autónomas para garantizar la sostenibilidad de un sector que considera “infrafinanciado”. En este contexto, la organización impulsa iniciativas de incidencia como la campaña ‘#SinRecursosNOhayCuidados’ para reforzar el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.