La decisión, adoptada el 16 de diciembre por la ONU dentro de su 77 periodo de sesiones, supone “un espaldarazo a las reivindicaciones que durante los últimos años venimos haciendo desde Plena inclusión y el Cermi, que reclaman la necesidad de legislar, desarrollar y aplicar medidas efectivas de accesibilidad cognitiva que garanticen la comprensión de la información, reduzcan la brecha digital y ofrezcan mayores oportunidades de participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la vida política y pública".

Esta importante resolución fue impulsada por 9 países: Argentina, Brasil, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Grecia, Guatemala, Filipinas y Portugal.

En ella, la ONU alude a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y a resoluciones anteriores, y subraya que aún existen barreras en el ámbito de la información, tecnologías y sistemas de comunicaciones, que “pueden impedir la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad”.

De hecho, destaca la “urgente necesidad de cerrar las brechas digitales y de garantizar que los beneficios de las tecnologías de la información y las comunicaciones estén disponibles para todos”.

Según la presidenta de Plena inclusión, Carmen Laucirica, "el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España, a través de su Plataforma Estatal de Representantes (impulsada por esta confederación) ha logrado importantes pasos en el desarrollo de políticas que aseguren que la información y los servicios públicos sean más fáciles de entender".

A finales de 2021, el Congreso aprobó la reforma de la Ley General sobre los derechos de las personas con discapacidad, que reconoció por primera vez la accesibilidad cognitiva. Este 2022, el Gobierno ha creado el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog) que depende del Real Patronato sobre Discapacidad y que gestiona Plena inclusión.

No obstante, reclamó "un importante desarrollo de todas estas medidas", a fin de asegurar la plena participación de las personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral en la vida política y pública, tal y como ordena el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.