Así lo defiende Joan R. Riera, concejal del Ayuntamiento de Barcelona y presidente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, ante el IV Congreso Internacional de Derecho de la Discapacidad que la ciudad va a acoger a partir del 15 de febrero en Barcelona.

En un artículo remitido a Servimedia, Riera admite que "no es nada sencillo poder contemplar todas las fuentes de discriminación" que existen contra las personas con discapacidad ni tampoco "determinar qué es y que no es accesible". Por eso, defiende que este Congreso Internacional va a servir para unir a expertos juristas en la meta de "construir nuevos consensos sobre cómo hacer frente a la desigualdad generada por la discapacidad".

"Cuando decimos a menudo que para llegar a la plena inclusión cabe una alianza a tres: de técnicos especialistas, de compromiso institucional y de usuarios, entre los técnicos cabe incluir los juristas, los cuales juegan un rol clave en el pleno desarrollo que el legislador propone para el despliegue de medidas de inclusión", asevera.

Riera sostiene que "el despliegue de regulación sobre la discapacidad permite aportar solidez y continuidad a todas y cada una de las medidas para la inclusión desplegadas, que éstas no dependan, o no solo dependan de la voluntad política del responsable de ese momento".

"En el momento en que aparece un reconocimiento de derecho, y este es desplegado normativamente y aceptado socialmente es mucho más difícil que alguien, desde solo la voluntad política más conservadora, intente dar marcha atrás", recalca.

El cónclave de Barcelona de mediados de este mes de febrero es un reto, en su opinión, para poner sobre la mesa que "poco a poco" se está abriendo en el campo del Derecho "con mayor notoriedad, rigor jurídico y compromiso ético una nueva especialidad, el derecho de la discapacidad".

Se trata de "una especialidad del derecho pensada sobre todo bajo el reto de la búsqueda de la igualdad, de encontrar, definir y regular aquellos conceptos del derecho que precisan de ajustes para poder garantizar la equidad entre personas, independientemente de sus capacidades y o discapacidades, empezando por el derecho al trabajo, y pasando por el derecho a participación así como proponiendo medidas de corrección frente al 'gap' económico y de productividad que sufren muchas personas con discapacidad".

Riera constata que la evolución del mundo jurídico y del derecho ha hecho que actualmente esté "más atento a las necesidades sociales de regulación" y eso haya permitido desarrollar durante las últimas décadas especialidades como el derecho laboral, el cual supuso "una victoria importante de la sociedad".

"Hoy el mundo jurídico y del derecho, afortunadamente, está más atento a las necesidades sociales de regulación y ya se dispone de la especialidad del derecho laboral con un corpus doctrinario mucho más acorde a las necesidades del más débil frente a la negociación", se congratuló.