La organización se pronunció así tras la aprobación del Real Decreto-ley 17/2026, que contempla nuevas medidas para fortalecer el sistema de dependencia y aumenta la financiación estatal destinada a prestaciones y servicios.

Según explicó Plena inclusión, la norma actualiza las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por el Estado, que “alcanzarán los 660 euros mensuales para las personas con grado III de dependencia”, “260 euros para grado II” y “90 euros para grado I”. Además, establece una financiación de “4.930 euros al mes para las personas incluidas en el grado III+ de dependencia extrema”.

La entidad consideró que este incremento supone “una oportunidad para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia y a muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo” que requieren apoyos durante toda su vida para participar en la comunidad, tomar decisiones o acceder a servicios adecuados.

Asimismo, destacó que uno de los principales avances de la norma es el refuerzo de la corresponsabilidad del Estado en la financiación del sistema, lo que, a su juicio, puede contribuir a reducir el copago que asumen muchas personas y familias.

Plena inclusión defendió que esta inversión debe servir para reducir las listas de espera, agilizar las valoraciones y garantizar apoyos suficientes con independencia del territorio de residencia. También reclamó que se “refuercen servicios como la asistencia personal, los apoyos en el hogar, la vivienda en comunidad, los programas de proximidad y las medidas dirigidas a prevenir situaciones de institucionalización”.

La presidenta de la organización, Carmen Laucirica, afirmó que el decreto “va en la buena dirección porque refuerza la financiación del sistema”, aunque subrayó que “el verdadero impacto se tendrá que medir en la vida de las personas: menos tiempo de espera, mejores apoyos y vivir donde elijan, con quien elijan y participando en su comunidad”.

La entidad recordó además que el nuevo artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar la autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad, por lo que defendió que la dependencia “debe abordarse desde un enfoque de derechos y no únicamente asistencial”.

Por ello, pidió a las administraciones públicas que “trabajen de forma coordinada” para que los nuevos recursos económicos se traduzcan cuanto antes en mejoras tangibles para las personas beneficiarias y sus familias.

Finalmente, Plena inclusión reclamó que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias participen en el diseño, seguimiento y evaluación de las medidas que les afectan, así como que toda la información sobre prestaciones y servicios “se ofrezca también en formatos accesibles y de lectura fácil”.