En una entrevista con Servimedia, Laucirica afirmó que, “si hay algo que frena a las familias que tienen algún miembro con discapacidad intelectual, es que no se reconozca esta diversidad”. “Tener un hijo con esta discapacidad supone un gravamen económico y frena la carrera profesional, sobre todo de las mujeres”.

En su opinión, "hay que profundizar en la singularidad de estas familias”, y puso el propio ejemplo de su hijo con discapacidad intelectual. “Aunque tiene 34 años, yo voy a las reuniones de su centro, algo que sería impensable en el caso de otros adultos”.

Por ello, considera que los permisos diseñados para la conciliación, como la reducción de jornada o la excedencia, no pueden ser iguales para las familias con algún integrante con discapacidad. "En nuestro caso, los 12 años no tienen ningún sentido", recalcó.

Además, Laucirica exigió a Bustinduy “continuidad ” en la estrategia de desinstitucionalización y en “muchos proyectos muy bonitos” financiados con fondos europeos.

Entre ellos, citó el programa 'Mi casa' de Plena inclusión, encaminado a la vida en comunidad de personas con grandes necesidades de apoyo y que, según apuntó, “ha obtenido unos resultados muy interesantes”. En la actualidad, más de 200 personas están inmersas en este programa, por lo que propuso “buscar fórmulas para lograr su continuidad” en el futuro.

Otra demanda que planteó la presidenta tuvo que ver con las personas mayores con discapacidad intelectual, que cuando cumplen 65 años, “salen del sistema y de los programas a los que estaban habituadas” para ingresar en residencias, donde muchas veces falta preparación específica.

Por otro lado, Laucirica defendió que "debemos favorecer que estas personas permanezcan en sus entornos conocidos y desarrollen una vida en comunidad, con los apoyos que necesitan”.

Reclamó también más ayudas que faciliten el acceso del colectivo al empleo y a la vivienda, y reclamó a todas las comunidades autónomas desarrollar la figura del asistente personal. Aunque hay diferencias entre territorios, lamentó que “existe en general un gran déficit” en cuanto a este servicio.

FINANCIACIÓN

Preguntada sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y su especial incidencia en los Centros Especiales de Empleo, la presidenta de Plena inclusión se mostró a favor de “todo lo que sea dignificar el empleo” de las personas con discapacidad intelectual, que en muchas ocasiones reciben salarios muy bajos.

Ahora bien, advirtió de que muchos de estos centros dependen del mundo asociativo, que siempre “está al límite” por la falta de financiación. Por ello, pidió a las administraciones apoyo económico para garantizar la sostenibilidad de este sector y mejorar así las condiciones laborales del colectivo.

A su juicio, las dudas sobre la viabilidad de muchos proyectos por falta de seguridad económica son el principal problema que afecta al sector.

Por último, Laucirica manifestó que las ayudas por discapacidad resultan en general escasas y lamentó que “se conceden haciendo tabla rasa”, en función del grado, sin tener en cuenta las circunstancias personales.

Por ello, demandó al ministro “más personalización” en este terreno y que, a la hora de determinar su cuantía e intensidad, se consideren todos los factores que influyen en la vida de una persona con discapacidad.