En la actualidad, el sistema de dependencia establece que las personas con discapacidad que asisten a residencias y unidades de día deben realizar aportaciones a sus comunidades autónomas entre el 25% y el 75% de sus pensiones, a través del mecanismo de copago de servicios públicos.

Esta fórmula implica que si se incrementa la pensión al usuario, este debe pagar más y la comunidad autónoma, menos. Por ello, Plena inclusión España demandó a las autonomías que no repercuta en el copago el incremento aprobado para las pensiones (además de las no contributivas, también se han subido las contributivas y las de orfandad en un 8’5%).

Según explicó, “las unidades familiares que tienen que afrontar el sobrecoste que representa contribuir con un porcentaje a los servicios públicos disfrutados por las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo o parálisis cerebral), no perciben el alivio que se pretende con la subida de las pensiones no contributivas, y las entidades sociales que los prestan tampoco”.

Junto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la confederación lleva tiempo alertando sobre el fenómeno que denomina “copago confiscatorio”, que merma el poder adquisitivo de las familias de personas con discapacidad que lo soportan.

Cermi y Plena inclusión presentaron en 2017, con el respaldo de más de 100.000 firmas, una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados que todavía no se ha plasmado en “una deseable reforma”.

De acuerdo con los últimos informes de Plena inclusión, el sobresfuerzo económico de estas familias se concreta en un gasto anual extra de entre 35.000 y 45.000 euros. Y dicha cantidad se incrementa aún más en el caso de las familias que sostienen a personas con grandes necesidades de apoyo.

Para la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, “la compensación que reciben las familias y personas con discapacidad intelectual a través de la subida de sus pensiones no contributivas no se la deben quedar las comunidades autónomas, sino que debería beneficiar a las entidades que les apoyan, a los usuarios o a sus familias”.

"Exigimos también que desaparezca la obligación de copago para personas en situación de vulnerabilidad, ya que las opciones de supervivencia diaria se complican enormemente”, reclamó.

Según los últimos datos del Imserso, en 2022 en España había 41.432 pensiones no contributivas correspondientes a personas con discapacidad intelectual, lo que supone el 47,13% del total. En su mayor parte, dichas pensiones no alcanzan los 500 euros mensuales.