Uno de los casos más destacados es el de Rubén Calleja, un joven con discapacidad intelectual que sufrió segregación escolar y malos tratos tras ser derivado a un centro de educación especial.

En 2020, Naciones Unidas condenó a España por este caso. A raíz de ello, el Tribunal Supremo valoró la obligatoriedad de los dictámenes del Comité, recordando que “las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán conforme a los tratados internacionales ratificados por España”, según el artículo 10.2 de la Constitución.

El Comité también manifestó su preocupación por la persistencia de un modelo educativo al que le falta un largo trecho para poderse considerar inclusivo y criticó que la Lomloe permite un sistema dual que perpetúa la discriminación.

En materia de justicia, desde Plena inclusión se resaltó "la necesidad urgente" de que se siga desarrollando la figura del facilitador, para así garantizar ajustes de procedimiento y un acceso real a la justicia en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad intelectual.

VIOLENCIA MACHISTA

Otros aspectos clave de la Convención también exigen atención. El Comité recordó que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan mayores riesgos de sufrir violencia y abusos. Por eso, demandó a España que garantice el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y universales.

En relación con el derecho a vivir en la comunidad, recogido en el artículo 19, los datos muestran que miles de personas con discapacidad continúan institucionalizadas en macroresidencias. En este contexto, Plena inclusión destacó los resultados positivos del proyecto 'Mi Casa: una vida en comunidad', que promueve la vida en comunidad, en entornos inclusivos, para personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo.