El encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio de Educación y sirvió para analizar las principales líneas de trabajo en materia de inclusión educativa entre el Gobierno y el movimiento asociativo.

Durante la reunión, la ministra escuchó las demandas y propuestas de la entidad representativa de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, en un contexto en el que, según datos del Ministerio de Educación, 319.115 estudiantes recibieron el pasado curso apoyo por “necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves”.

Tras el encuentro, Plena inclusión España valoró como una “oportunidad” el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, aunque pidió “reforzar su desarrollo práctico en los centros educativos”.

El presidente de Plena inclusión Madrid, Tomás A. Sancho, subrayó la necesidad de “avanzar en accesibilidad cognitiva en todas las etapas educativas”, con el objetivo de “garantizar que todo el alumnado pueda comprender, participar y aprender en igualdad de condiciones”.

Asimismo, planteó la posibilidad de “reforzar el papel de los centros de educación especial” como centros de referencia en educación inclusiva, capaces de apoyar al sistema ordinario.

Otro de los asuntos abordados fue el papel de la Formación Profesional como vía real de acceso al empleo para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Desde el movimiento asociativo se reclamó que la FP cuente con los apoyos necesarios para convertirse en una “herramienta efectiva de transición al mercado laboral”.

El director de Plena inclusión España, Enrique Galván, defendió la necesidad de “extender la educación inclusiva a toda la comunidad educativa” y de reforzar el papel de las familias y del alumnado en los procesos de decisión.

Galván reclamó una “mayor ambición” en el desarrollo del modelo educativo inclusivo, entendido como un proyecto compartido entre el Estado, las comunidades autónomas y el conjunto del sistema educativo.

Finalmente, Plena inclusión España recordó la existencia de un protocolo de colaboración con el Ministerio de Educación, que considera una base para impulsar proyectos de innovación educativa. Este marco se plantea como una herramienta para “avanzar hacia la garantía efectiva del derecho a la educación inclusiva” en todo el sistema educativo.