Por este motivo, la Comisión de Sostenibilidad de esta confederación analizó ayer el complejo momento en el que se encuentra la mayor parte de este tejido asociativo, que "sufre con especial intensidad la crisis económica que golpea al país".

Este grupo de estudio mostró una particular preocupación por el aumento de casos de entidades que, pese a tener una larga trayectoria y un reconocimiento de su labor, "ven amenazada su continuidad en medio de una precariedad de medios extrema".

En el balance correspondiente al ejercicio de 2022 se detectó que más de un 20% de las entidades de Plena inclusión finalizaron el año con graves pérdidas.

Pese a que Plena inclusión es una de las confederaciones más numerosas y activas en el Tercer Sector nacional (cuenta con 46.000 profesionales que desarrollan su tarea en más de 4.000 centros y agrupa a 950 asociaciones), "está sintiendo con especial intensidad la penalización que supone, por ejemplo, el IVA soportado en la compra de bienes y servicios". Ello se suma al impacto que representa, como para el resto de la sociedad española, "la subida de los precios", agregó.

Por ello, la Comisión de Sostenibilidad valoró la urgencia de encontrar vías estables de interlocución con las comunidades autónomas, que faciliten la financiación de los servicios sociales que prestan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) y sus familias.

Según su presidenta, Carmen Laucirica, “defenderemos el acceso de las familias con personas con discapacidad intelectual más vulnerables a los servicios públicos de calidad".

"Tenemos el reto de luchar por sus derechos desde nuestras organizaciones", prosiguió, "porque los servicios sociales públicos son el último recurso para cientos de miles de familias golpeadas por las subidas de la cesta de la compra, de la luz o de la calefacción". "Estas son las que más nos preocupan porque son quienes sufren más el impacto de la crisis”, explicó.

TRANSICIÓN SOSTENIBLE

En la reunión se analizaron distintas propuestas que se van a trasladar a las administraciones públicas, dirigidas a afrontar un plan de inversión para la transformación de los centros y servicios autonómicos y locales "desde una visión basada en una transición sostenible".

Para Pedro del Río, experto en sostenibilidad y desarrollo organizativo de Plena inclusión, el Tercer Sector se halla en un momento crítico que obliga a diseñar soluciones basadas en la innovación y en la transformación de las políticas de los cuidados. “No podemos perder este tren de la inclusión porque de él dependen, por ejemplo, más de 4 millones de personas con discapacidad”, afirmó.