La organización señaló que, según las estadísticas del curso 2024-2025, el sistema educativo cuenta con 75.905 estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual y otros 107.977 vinculados al autismo, que en conjunto representan el 57,6% del alumnado con necesidades educativas especiales.

La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, defendió que una educación verdaderamente inclusiva requiere “apoyos personalizados y recursos suficientes”, así como formación para el profesorado y el personal de apoyo que trabaja en las aulas.

La entidad puso también el foco en el sobrecoste que afrontan muchas familias para cubrir las terapias y apoyos especializados que necesitan sus hijos. Como ejemplo, señaló el caso de una familia con dos menores con discapacidad intelectual que debe asumir más de 3.000 euros al año, para sufragar sesiones de logopedia, fisioterapia, apoyos educativos y desplazamientos.

Plena inclusión reclamó que el Plan Estratégico de Educación Inclusiva incorpore medidas concretas para garantizar apoyos personalizados durante toda la jornada escolar y medidas de accesibilidad cognitiva y comunicativa que permitan al alumnado “comprender, participar y beneficiarse plenamente” de la actividad educativa.

La organización recordó además que la inclusión educativa “no debe limitarse a la escolarización en centros ordinarios”, sino que debe “garantizar el aprendizaje, la participación en la vida escolar y el desarrollo personal de cada estudiante en igualdad de condiciones”.

En este sentido, Plena inclusión pidió que los recursos se traduzcan en “respuestas concretas” a las necesidades del alumnado y reiteró su disposición a “colaborar” con el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas para “avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo”.