En caso de alcanzarla, el texto concluiría su tramitación parlamentaria y ya quedaría listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su correspondiente entrada en vigor.

Entre las modificaciones, el Senado propone en el texto que "en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de ley del estatuto del personal docente e investigador universitario", plazo que anteriormente se establecía en un año, más allá del fin de la legislatura del actual Gobierno de coalición. El texto al que sustituye esta modificación es: "En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley se aprobará, mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro o Ministra de Universidades y a propuesta del Ministro o Ministra de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, el estatuto del personal docente e investigador universitario".

Asimismo, su paso por el Senado, se han introducido matices sobre la convocatoria de plazas.

Al Congreso, el texto llega con una nueva disposición transitoria en lo relativo a los concursos para la cobertura de plazas de personal docente e investigador. "Las convocatorias para la cobertura de plazas de personal docente e investigador oficialmente publicadas antes del 31 de diciembre de 2023, podrán regirse por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de esta Ley". También se introduce una disposición sobre la adaptación del régimen de dedicación del personal docente e investigador permanente: "Las universidades deberán adaptar el régimen de dedicación de su personal docente e investigador permanente a lo previsto por esta Ley para su aplicación a partir del inicio del curso académico 2024-2025".

El propio ministro de Universidades, Joan Subirats remarcó hace unos días que esas enmiendas “van a permitir reforzar las lógicas de transición que se necesitan en un proyecto de ley de esta envergadura, acompasando a los ritmos de financiación y siendo conscientes de que no podemos alargar en demasía esos plazos de transición para evitar que esta ley no se implemente”.

Según el ministro, el debate puso de relieve la necesidad de “salvaguardar el pluralismo y la diversidad en la universidad” como “elemento central de la vida universitaria”.

RETOS

En su opinión, el proyecto de ley permite abordar “grandes retos que tenemos planteados como sistema”, que según él pasan por la “democratización en el acceso”, donde reconoció que “sigue habiendo problemas”; la internacionalización (actualmente hay 31 universidades en redes europeas); la formación a lo largo de la vida y las microcredenciales y la transferencia de la investigación, donde el ministro también reconoció “déficits significativos”.

Esta iniciativa gubernamental, según indica en el propio texto, "pretende proporcionar instrumentos y habilitar espacios y dinámicas para que las universidades puedan seguir siendo un espacio de experimentación, innovación y participación".

Asimismo, la norma desarrolla "un modelo académico que asegura una formación integral avanzada y amplia y el desarrollo de habilidades personales y profesionales, tanto docentes como investigadoras, para desarrollar el pensamiento crítico y para acceder a empleos de calidad".

Además, el texto que votarán este jueves los diputados plantea que "hasta que se produzca la adaptación de los Estatutos" y se determinen "por la universidad los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que deberán reunir los candidatos o candidatas a Rector o Rectora, se le exigirá como mínimo estar en posesión de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal".